Un informe del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) elaborado por cuatro economistas concluye que se hace necesaria su reforma, dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), para "potenciar" su atractivo dado que es un instrumento con "posibilidades enormes" que debe contar con el apoyo del sector privado y las empresas locales.

Las conclusiones han sido presentadas este miércoles en el Parlamento de Canarias por el presidente, Juan Alberto Martín, y sus autores, Víctor Sánchez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Murli Kessomal, socio fiscal de Deloitte; José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. El trabajo ha sido coordinado por Antonio Olivera, exjefe de Gabinete del presidente de la ZEC.

El informe insiste en la necesidad de continuar con los beneficios fiscales propios de la ZEC, pero también, crear nuevos incentivos económicos porque un ahorro fiscal no determina la inversión empresarial, sino su capacidad para generar rentabilidad.

En esta propuesta de reforma, Kessomal dijo, por ejemplo, que la ZEC debe abrirse a las empresas ya constituidas en Canarias y no sólo las extranjeras, dado que su impacto es limitado porque va dirigido a empresas industriales, que precisan de "grandes inversiones" y mucho suelo, y en Canarias es "caro o no hay, como sucede ya en cuatro islas".

Asimismo, pidió más seguridad para los inversores introduciendo mecanismos de "flexibilidad" que puedan ir adaptando las ventajas fiscales y los incentivos económicos al contexto. En este sentido, Sánchez Blázquez propuso que se pueda utilizar una Orden del Ministerio de Hacienda o un acuerdo del Consejo Rector para poder acometer una actualización.

Pese a que reconoció que Canarias, como Región Ultraperiférica (RUP), tiene "debilidades", también defendió sus ventajas para sectores como los de las energías renovables, biodiversidad, agroalimentación o los relacionados con la ubicación estratégica del archipiélago.

Para ello, propuso que el impuesto de sociedades se quede en el 1% y que se esos proyectos estén vinculados a la economía real con la exigencia de unos mínimos de inversión y empleo.

En esa línea, José Ángel Rodríguez valoró la "autocrítica" hecha por la ZEC y alertó de las limitaciones que tiene Canarias en condición de RUP y su escaso beneficio del mercado común de la Unión Europea. Dijo que la insularidad genera "elevados costes logísticos" y que pese al envío de fondos, Europa es "tímida" para incluir a las RUP en la "agenda" de los grandes temas europeos.

Insistió también en la creación de incentivos económicos vinculados a proyectos estructurantes, y definió la ZEC como un organismo "encapsulado" dentro del REF que debe evolucionar en el futuro hacia una agencia de desarrollo donde tenga cabida el sector privado y no solo el institucional.

Financiación adaptada a cada proyecto

Jesús Ruiz-Huerta también pidió más flexibilidad y el fomento de la emprendeduría siguiendo el modelo estadounidense de financiación adaptada a cada proyecto, y aunque defendió los beneficios fiscales para las empresas, reconoció que suponen una merma de ingresos para el sector público que es el garante del estado del bienestar.

Juan Alberto Martín, por su parte, dijo que pese a la crisis económica, las empresas se han incrementado y con un objetivo claro, su expansión hacia África, pero no ocultó que no ha terminado de "cuajar".

Entre los factores que han impedido su éxito detalló los problemas de acceso al crédito, la falta de suelo o la lenta burocracia que hace que muchos proyectos no lleguen a inscribirse. Además, se quejó de la "orfandad institucional" y pidió más colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias.