El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores.

En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha indicado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

"Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la trataremos en esta comisión. Fue aprobada sin el consenso de los órganos consultivos. Nos inspiraremos en la doctrina defendida en el Tribunal Constitucional y, por supuesto, los principios anunciados por nuestro partido estarán incluidos en esta reforma", ha agregado.

Esta reforma anunciada por el ministro de Justicia supone un cambio sustancial respecto a la actual legislación sobre el aborto, que entró en vigor en julio de 2010.

Los cambios que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero establecieron el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer, o de graves anomalías en el feto. La ley, por tanto, se basaba en plazos y no tanto en supuestos.

Además, situó en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo, aunque señalaba que al menos uno de los padres o tutores legales de las chicas de 16 y 17 años debía ser informado de su decisión de abortar, salvo cuando este hecho le acarrease un conflicto grave con riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos, en cuyo caso la decisión recaería en el médico. Por último, la menor debería ir acompañada por al menos uno de sus representantes legales (generalmente, los padres).

En cuanto a los abortos ilegales, esta legislación considera como tal a aquellos que estén fuera de los supuestos establecidos, además de a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos o en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación. No existe pena de prisión para la mujer.

Esta ley del Aborto del Ejecutivo socialista está pendiente de dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno del PP y otro del Gobierno de Navarra.

El número de abortos que se practican y registran en España desde que se despenalizó en el año 1985 ha crecido año tras año. Ese crecimiento solo se interrumpió en el año 2009, en el que se registró un descenso de las interrupciones voluntarias del embarazo del 3,7% respecto a las cifras del año anterior, el 2008, un ejercicio en el que se alcanzó la cifra récord de 115.812 abortos.

En 2010, último año del que se disponen cifras oficiales, el número de abortos fue de 113.031, lo que supuso un aumento del 1,3% con respecto a los datos de 2009, en el que abortaron 111.482 mujeres.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de intervenciones que se registraron desde la entrada en vigor de la ley (el 5 de julio de 2010) hasta el final del año (54.546 abortos) fue inferior al número de interrupciones que se llevaron a cabo desde el principio de año hasta esa fecha (58.486). La mayoría de las interrupciones continúan llevándose a cabo fuera de la Sanidad pública y en 2010, el 98,16% se realizaron en clínicas privadas.

La norma de 1985 despenalizaba el aborto y lo legalizaba en tres supuestos: en las primeras doce semanas de gestación en los supuestos de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto; y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre.