La concejal de IU en el Ayuntamiento hispalense Josefa Medrano, para quien la Fiscalía pide siete años de inhabilitación por impedir siendo concejal de Participación Ciudadana la celebración de un homenaje en octubre de 2009 al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico Tejar del Mellizo, ha defendido este lunes que su decisión fue "correcta" y "justa", así como que este acto de homenaje podía ser "una exaltación" al franquismo y generar enfrentamientos con grupos ideológicamente opuestos que, incluso, habían dado a conocer su oposición al acto a través diversos emails y llamadas telefónicas.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha acogido este lunes el juicio contra la concejal de IU, quien ha defendido ante la juez que su actuación está "dentro de la legalidad" y ha explicado que decidió revocar la autorización para que las asociaciones Fernando III y Ademán pudieran usar una sala del centro cívico para llevar a cabo el homenaje después de que se recibieran llamadas y emails en contra del acto y de que miembros de la Coordinadora Antifascista se concentraran frente a la sede central de su Delegación.

Asimismo, ha insistido en que desconocía que el acto tuviera un carácter cultural pues no sabía de la faceta literaria de Foxá, y ha subrayado que "un homenaje a una persona ligada tan directamente al franquismo" podía haber degenerado en "enfrentamientos" entre "distintos grupos", lo cual "podía poner en peligro los bienes que estaban" bajo su responsabilidad. "Pensé que era lo más prudente", ha respondido a preguntas de la fiscal, señalando que fue una decisión "exclusivamente mía", adoptada, además, porque el acto podía chocar con la Ley de Memoria Histórica.

Medrano, que ha estado arropada en el juicio por un buen número de compañeros de partido, ha relatado que la Asociación cultural Fernando III solicitó el espacio para llevar a cabo el homenaje sin que en dicha solicitud constara que fuera un homenaje "literario", sólo que era un homenaje en el 50 aniversario de su fallecimiento, a lo que se suma que "no sabía" que dicha asociación fuera de tipo cultural, añadiendo que en el mismo centro cívico se han autorizado homenajes a otros autores como Miguel Hernández o Leopoldo Panero, en cuyas autorizaciones "se especificaba que se trataba de actos literarios".

Según ha subrayado, en los días previos al homenaje a Foxá "se unieron distintas circunstancias que me hicieron pensar en revocar la autorización", citando en este punto "bastante llamadas y correos, y sobre todo la concentración" de personas que se identificaron como miembros de la Coordinadora Antifascista en las puertas de la sede central de la Delegación de Participación Ciudadana. Además, pensó que el acto podía derivar "en una exaltación del franquismo" e ir contra el "espíritu" de la Ley de Memoria Histórica, todo lo cual le llevó a revocar la autorización de uso de espacio para el acto que se iba a celebrar el 6 de octubre de 2009.

Situación "excepcional"

Medrano, que ha explicado que se trataba de una situación "un poco excepcional", ha indicado que todo ello le llevó a revocar la autorización concedida previamente por la entonces directora del centro cívico, Cristina Paloma Torrego. Así, le comunicó la decisión telefónicamente al jefe de servicio de su delegación para que la comunicara "con celeridad" a ésta última y que ésta comunicara "inmediatamente" la decisión a la asociación solicitante, todo ello al objeto de que la asociación pudiera presentar las alegaciones oportunas a su decisión o buscar un lugar alternativo.

"No me opuse en ningún momento a la celebración del homenaje", ha puesto de manifiesto Josefa Medrano, quien ha añadido que, posteriormente, tuvo conocimiento de que el acto se celebró finalmente en los jardines del centro cívico "sin incidencias y ninguna oposición por parte de nadie".

De su lado, tanto el jefe de servicio como el director general de la Delegación de Participación Ciudadana han comparecido como testigos en la vista oral y han defendido la actuación de la imputada ante el riesgo de que se pudieran producir altercados; así, el segundo de ellos ha dicho que el tono de las llamadas y de los emails "no era muy agradable" y la situación "era de gravedad", mientras que el jefe de servicio ha descrito que los emails contenían "amenazas" y que la decisión de Medrano "no me parecía ilegal", asegurando que la revocación se le comunicó a la asociación Fernando III el día 2 de octubre, cuatro días antes del acto.

La directora del centro cívico no entendió la decisión

Por su parte, la entonces directora del centro cívico ha coincidido con la imputada en señalar que en la solicitud presentada por Fernando III —"que cumplía todos los requisitos"— "no se indicaba qué tipo de homenaje" se quería hacer a Foxá, y ha aseverado que, cuando se le comunicó por teléfono la decisión adoptada por Medrano en cuanto a revocar la autorización que ella había dado previamente, "dije que no la entendía y que me la mandaran por escrito", tras lo cual "llamé al solicitante" para comunicarle la decisión, que "me producía mucha confusión y malestar", pues era un caso "que se me escapaba de las manos y que no entendía".

"Fue una conversación incómoda, él mostró mucho enfado y me llamó títere o payaso", ha proseguido, narrando que, tras conceder la autorización, "comenzaron a recibirse unos 20 correos electrónicos" en contra del acto, de manera que, "como me ponía nerviosa que pudiera pasar algo, comuniqué este hecho" a sus jefes. "No me había pasado nunca", ha aseverado, agregando que el asunto "me desbordaba".

En el juicio también ha prestado declaración como testigo el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien ha señalado que, según le ha transmitido Medrano, el acto se prohibió "por una cuestión de orden público", tras lo que ha asegurado que de Agustín de Foxá únicamente conocía que "fue diplomático del dictador; no es un autor que haya yo leído". Asimismo, ha afirmado que la imputada "tiene toda mi solidaridad".

De su lado, el presidente de la asociación Fernando III ha negado que la revocación de la autorización le fuera notificada días antes del acto, y ha aseverado que el mismo día 6 de octubre llegaron al lugar y un bedel le comunicó la decisión, por lo que decidieron celebrar el homenaje en el patio, con la asistencia de unas 80 personas. "Nunca nos dieron explicación de por qué se había prohibido el acto, sino que me enteré por los medios de comunicación", ha apostillado.

Las acusaciones

Tras ello, la Fiscalía ha pedido para Medrano siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, mientras que la asociación cultural Fernando III ha solicitado la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses a razón de 50 euros diarios e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la asociación.

Por su parte, el abogado de la asociación Ademán ha solicitado para la concejal la inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos.