El secretario de

Fsp ugt nacional, Julio La Cuerda, ha asegurado este viernes que la crisis "está sostenida de manera artificial" por sus matices económicos y políticos, ya que criticó que en tres años "se ha olvidado a los responsables" de esta situación.

"La crisis está sostenida de manera artificial porque tiene matices económicos pero también artificiales porque se ha olvidado, en tres años, a los responsables de la crisis financiera internacional —en relación a los bancos—; ahora son los que están poniendo las soluciones", apuntilló en rueda de prensa.

La Cuerda incidió en que las medidas que los gobiernos tanto a nivel nacional como regional están tomando tienen "otra intención", ya que a su entender pretenden "hacer negocio con los servicios públicos" porque "han perdido su capacidad de decisión".

Pero subrayó que con los servicios públicos "no se puede jugar" porque las acciones que están adoptando pueden "hacer irreversible" ciertos aspectos relacionados con los servicios públicos.

Asimismo, incidió en que no se está adoptando "ninguna" medida para combatir el desempleo, por lo que reducen el gasto, dijo, lo que conlleva, entre otras cuestiones, a la bajada salarial.

Los discursos "demagógicos"

Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, se refirió concretamente a la política adoptada por el Ejecutivo autonómico, a quien criticó por sus discursos "demagógicos".

Santana acusó al Gobierno canario de, por una parte, tener el discurso de "mantener los servicios públicos y, por otro, destruyen empleos". "Que se dejen de discursos demagógicos", en relación a los vertidos, dijo, por los consejeros de Presidencia y Empleo del Ejecutivo autonómico.

Además, el secretario de UGT de Canarias se refirió también a las patronales de empresarios a las que dijo que los mensajes que envían están "profundamente equivocados" porque se mostró convencido de que es el sector público el que "está llamado a sostener la salida de esta crisis".

Por ello, Santana instó al Gobierno canario y a las patronales de empresarios a que "abandonen esa estrategia porque van a crear muchísima más pobreza y exclusión social".

Por otro lado, aseguró que el pacto económico y social que había en el archipiélago ha sido "totalmente incumplido por el Gobierno de Canarias". Por eso, dijo, UGT ha solicitado que se eleve a rango de ley.

En defensa de lo público

UGT también ha presentado este viernes la campaña 'Lo público es por ti, es para ti lo público' destinada a que informar a los empleados de este ámbito para que sean ellos los que le expliquen al resto de ciudadanos la situación de los servicios.

Aunque La Cuerda matizó que se trata de una campaña que "no tiene límite ni fecha" de finalización, el secretario de

Fsp ugt Canarias, Francisco Bautista, sí que anunció una manifestación para marzo que en el archipiélago se prevé celebrar tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria.

Bautista explicó que se ha decidido emprender esta campaña en favor de lo público porque los políticos "en vez de apoyar los servicios del estado bienestar", están adoptando por "reducir" las partidas de dichos sanidad, educación o servicios sociales, citó.

Añadió que en Canarias ha descendido el número de profesores y en sanidad se han destruido "más de 2.000 plazas", aunque estiman que pueden alcanzarse las 3.000.

Actualmente, recordó Bautista, en el archipiélago hay unos 67.000 empleados públicos, cifra que "no aumenta desde 2009". Esto, indicó, está dando paso a que el estado de bienestar que se ha construido, "ya se lo quieren cargar" porque, apuntó, se habla de copago en la sanidad; "los empresarios apuestan por la privatización", resaltó.

Respecto a los recortes presupuestarios que el Gobierno nacional pueda hacer sobre los de las comunidades autónomas, Bautista señaló que espera que en el caso de Canarias "no haya más recortes" en lo que se refiere a los servicios públicos.

Finalmente, aunque no se dio una cifra global, indicaron que en los últimos años se ha recortado en sanidad unos 500 millones de euros, mientras que en educación más de 400 millones y en bienestar social ronda la cifra de los 300 millones de euros.