La administración concursal de Grupo Dhul, firma de postres de Nueva Rumasa, ha recibido dos ofertas de compra de la unidad productiva de la empresa, ubicada en Granada, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

"Han pujado dos industriales; no hay ofertas de fondos de inversión", detallaron las mismas fuentes, que declinaron desvelar la identidad de los oferentes y el importe económico propuesto.

Los administradores concursales han trasladado la información de ambas propuestas a los nuevos propietarios del grupo, que fue traspasado por la familia Ruiz-Mateos a una sociedad del empresario Ángel de Cabo (Conceptic SL, representada por Fernando Lavernia), así como al comité de empresa, que tienen un plazo de cinco días para presentar alegaciones.

Por su parte, la administración concursal elaborará un informe no vinculante en el que valorará las ofertas en función del valor que otorgan a la unidad productiva y del plan de negocio que plantean.

En torno al 10 de febrero se conocerá previsiblemente la identidad de los oferentes y si el juez que tramita el concurso de acreedores abre un plazo de mejora de ofertas o resuelve directamente la adjudicación de la fábrica.

"La viabilidad y rentabilidad de esta unidad productiva ha quedado demostrada por su recuperación en los meses que siguieron a la declaración del concurso en marzo de 2011, superando una situación de práctica paralización", explicó recientemente la administración concursal, integrada por Francisco Zurita, Álvaro Quero, Enrique Borrello, Cuatrecasas y Deloitte.

Grupo Dhul, que produce flanes y postres con marca Dhul y para marca blanca, registró una facturación de 57 y 51 millones de euros, respectivamente, en los ejercicios 2009 y 2010.

Embargo de 618 MILLONES

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada decretó a finales de septiembre el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros a los Ruiz-Mateos para cubrir el déficit patrimonial total del grupo de postres, ante los "visos reales" de calificación de concurso culpable.

Posteriormente, en una providencia emitida el 13 de octubre, el juez Blas Alberto González ordenó el embargo preventivo de los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos ante una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa.