Una comisión compuesta por un secretario del juzgado, un agente judicial, un procurador y un cerrajero acompañados por efectivos de la Guardia Civil, han procedido a realizar el desahucio de un matrimonio y su hija de 11 años que residían en una casa de la localidad de Lucillos (Toledo), motivado por el impago de la hipoteca. Cerca de medio de centenar de integrantes del movimiento 15M han intentado impedirlo sin éxito.

La afectada, Estela Álvarez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que una vecina del municipio les ha ofrecido una vivienda en alquiler "con la condición de que en cuanto se pueda se abone un pago de 300 euros al mes", aunque van a instar a la propietaria a rebajar la cuantía a 250 euros.

Ha señalado además que la entidad bancaria con la que contrataron la hipoteca les reclama un total de 130.000 euros, cuyo pago no saben cómo van a afrontar.

Álvarez ha subrayado además que su marido, que hasta ahora estaba desempleado, empezará a trabajar como repartidor de publicidad en una empresa de Talavera de la Reina.

EL 15M

Intentó impedirlo

Unos 50 miembros del movimiento 15M han intentado impedir que se llevara a cabo el desahucio, aunque han sido desalojados por la Guardia Civil.

Uno de los miembros del movimiento, Ramón Martínez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el dispositivo de seguridad "ha sido brutal", y que la Benemérita "ha realizado controles a todos los vehículos que transitaban la urbanización, pidiendo la documentación a todo el mundo".

Al tener impedido el paso a la urbanización, una decena de integrantes del movimiento han accedido a la parcela de la vivienda desahuciada por un agujero en la valla para continuar su protesta y tratar de impedir el desalojo y se han sentado en el interior de la finca en una "resistencia no violenta".

"Nos hemos sentado, y luego nos han arrastrado para sacarnos de la finca", ha explicado Martínez.

Por otro lado, el portavoz del movimiento, Pedro Bastidas, ha subrayado que desde el colectivo no van a parar de "intentar frenar esta injusta situación que afecta gravemente a una familia honrada que quiere negociar con el banco y no les dejan".

A su juicio, con "buena voluntad se puede llegar a acuerdos dadas las circunstancias que tienen estas personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca".