El Juzgado de lo Social de Santiago ha celebrado este martes un juicio en contra de la actual secretaria xeral del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca Carús, por un supuesto caso de acoso laboral y sindical cuando dirigía la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Toca Carús, que sustituyó a Javier Álvarez Barbeito al frente de la Secretaría Xeral del Igape el pasado 23 de diciembre, ha llegado pasadas las 9.30 horas a la sede de los juzgados compostelanos, a donde también acudió Dolores López Beiro, coordinadora del departamento y superior directa de la trabajadora que interpuso la denuncia contra ambas responsables de la fundación.

Miembros del sindicato CIG las han recibido con gritos de "¡no a la represión!" y representado una escena en la que tres de ellos estaban disfrazados de presos con caretas del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra; la actual secretaria xeral del Igape y la coordinadora de la fundación.

Un cuarto sindicalista vestía de empresario y todos ellos portaban pancartas con lemas como 'Covadonga non escape para o Igape' —'Covadonga no escape para el Igape'; 'A gaivota agora é ave de presa' —'La gaviota ahora es ave de presa'— y 'Conselleiro, non sexas 'niño', faite un home e dimite!' —'Conselleiro, no seas 'niño', hazte un hombre y dimite!'—.

Berta Castaño Torrado, la empleada que denuncia "acoso laboral y sindical" durante "más de dos años" en la fundación dependiente de la Consellería de Economía e Industria, ha asegurado en el juicio que las represalias fueron algo "constante" y "diario". Por su parte, la consellería ha avanzado a Europa Press que la fundación "respetará y acatará en todo caso la decisión del Juzgado de lo Social".

Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando Castaño fue despedida durante el embarazo. Un mes después se produjo su reincorporación forzosa en la fundación al ser declarada nula la rescisión del contrato, según ha señalado la propia afectada en declaraciones a Europa Press.

La consellería no sabía del embarazo

Fuentes del departamento que dirige Javier Guerra consultadas por Europa Press inciden, precisamente, en este hecho, ya que la fundación "no tenía conocimiento" de que la trabajadora estaba embarazada en el momento del despido, enmarcado en el proceso de recorte de organismos de la administración paralela acometido por los populares. Por ello, "poco después fue readmitida", indican.

Pero las mismas fuentes llaman la atención sobre el "crecimiento sobredimensionado" de la contratación eventual y de la masa salarial de la fundación desde 2006, cuando la plantilla estaba compuesta por 63 trabajadores, hasta el término del bipartito, en 2009, cuando alcanzaba los 260 y 33 becarios.

"reordenación de recursos"

La consellería añade que, en el análisis de entes dependientes de la Administración realizado por el PP a su llegada a San Caetano, este en concreto aparecía como "no rentable", por lo que se acordó la "reordenación de los recursos", que pasaba por el despido de 142 personas, lo que supone "un ahorro de 4,5 millones de euros".

"Las bajas fueron en su gran mayoría por fin de obra o servicio al que estaban vinculadas, y en menor medida bajas voluntarias a petición del trabajador y causas extintivas objetivas de naturaleza organizativa, productiva y económica", apuntan.

En el caso de Berta Castaño, Economía e Industria explica que presentó la extinción de su contrato el 24 de septiembre "por causas objetivas productivas" y "en el momento en que la trabajadora comunicó que estaba embarazada de un mes, fue readmitida en el acto de conciliación del 28 de octubre".

"Igualmente, la fundación desconocía la intención de la trabajadora de presentarse a candidata sindical, candidatura que presentó después de la presentación de extinción del contrato", señala.

Elecciones sindicales

La situación particular de la empleada se entrecruza, de hecho, con el proceso de elecciones sindicales en la fundación, que comenzó en noviembre de 2009, transcurrido un mes de su reincorporación forzosa. Ya en diciembre, los comicios desembocaron en una "mayoría de la CIG en coalición con UGT", explica un folleto que han repartido este martes representantes de la central nacionalista a las puertas de los juzgados.

En diciembre de 2010 se constituyó el comité de empresa de los servicios centrales de la fundación, en el que Berta Castaño Torrado, delegada de personal de la CIG, figura como secretaria.

Relato de la trabajadora

"Con el cambio de Gobierno de marzo de 2009 se me retiraron todas las funciones y a los pocos meses fui despedida. Alegaron bajo rendimiento laboral cuando a mí hacía meses que no se me daba ningún tipo de trabajo. Estando embarazada fui despedida. Después, tuvieron que reincorporarme forzosamente el mismo año y a raíz de esa reincorporación empezaron todos mis problemas", ha relatado a Europa Press la trabajadora.

"Poco a poco me fueron marginando laboralmente hasta llegar a mayo de 2011, que ya cogí la baja médica, días previos a que despidiesen a 11 trabajadores, porque era un acoso continuo, diario", ha subrayado.

Juicio por otro despido

El despido de estos 11 trabajadores fue justificado, también, por "la desaparición de la carga de trabajo que motivaba esos contratos", indica la delegada de personal de la CIG, que sin embargo denuncia que esto "no es cierto" puesto que el sindicato dispone de "una pericial económica que indica todo lo contrario".

"También se alegó que la fundación pasa por un momento de crisis económica. Pero tenemos una pericial económica que indica todo lo contrario. De hecho, se va a ver, porque la perito va a declarar en el juicio que hay después, en la sala 3", destacó Berta Castaño a la entrada del juzgado.

Y es que "otra persona despedida a pocos días de dar a luz" es quien mantiene la demanda interpuesta contra la fundación que es causante del segundo de los juicios celebrados este martes en Santiago, en este caso previsto para las 13.00 horas.

"Todo fue entrelazándose", ha resaltado la secretaria del comité de empresa de servicios centrales de la fundación, que apunta que el ente contaba con 200 trabajadores, en centros en Santiago, Ferrol y Ourense —entre otros—, pero que ahora tiene unos 50 en la capital gallega y se están realizando "recortes" de "malas maneras" en el resto de localidades, mediante el envío de "burofax", en ocasiones, con los empleados "de vacaciones o de luna de miel".

"falsa austeridad"

El pasado 12 de enero, el Consello de la Xunta aprobó la creación de estatutos de la Axencia Galega da Innovación (AGI), que, según explicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, supondrá la supresión de la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial y de la Dirección Xeral de Investigación, Desarrollo e Innovación con el propósito de "agrupar" personal en "un único organismo".

Al respecto, la CIG censura la "falsa austeridad" que aplica el Ejecutivo de los populares, ya que, según dice, la Xunta está "consolidando y posicionando a personal afín mientras despide a los no afines".

También una sindicalista de la CIG ha criticado, en declaraciones a Europa Press este martes en los juzgados, que el Gobierno gallego, como "premio", otorgue a la exgerente de la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial un nuevo puesto como secretaria xeral del Igape.