El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha entregado este martes al presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, la Memoria de actividad de la Institución de 2011, año en el que ha tramitado 2.143 quejas, un 2,5 por ciento más que en 2010, referidas a asuntos de "más enjundia" y por eso han aumentado las recomendaciones, con entre un 27 y 28 por ciento más, con cerca de 350 sugerencias y recomendaciones.

Así lo ha manifestado García Vicente en declaraciones a los medios de comunicación, tras entregar en formato digital la Memoria, que supera las 3.000 páginas. Es la primera vez que se deposita tan pronto en las Cortes y se presentará el 15 de febrero, en un pleno de las Cortes que se celebrará en Alcañiz (Teruel), coincidiendo con el 500 Aniversario de la firma de la Concordia de Alcañiz, paso previo al Compromiso de Caspe.

El Justicia ha comentado que algún año ha llegado a presentar la Memoria en pleno el 30 de diciembre del año siguiente. En esta ocasión, la cercanía con el 2011 es importante porque "hace que las cuestiones no pierdan actualidad" y que los problemas "no se arrastren durante un año más".

Respecto al contenido de las quejas, García Vicente ha expuesto que la mayoría "tienen relación de forma transversal con la crisis económica", en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la búsqueda de trabajo y la asistencia social, además de que hay ciudadanos "que se dirigen a nosotros pidiéndonos información para resolver problemas en los que nunca pensaron que se iban a encontrar", como personas de clase media que "se han encontrado vinculados al pago de algunos créditos".

Los ciudadanos "defiende muchísimo el euro y cuando piensan que en una valoración que ha hecho el ayuntamiento se ha excedido en valorar un inmueble en valores catastrales o en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) reclaman inmediatamente".

También ha habido quejas sobre los servicios asistenciales, de personas a las que se les ha reconocido una prestación asistencial "y luego, por falta de dinero, no se la pueden hacer efectiva o tienen que esperar un tiempo".

Al respecto, ha indicado que su criterio es "priorizar" y "ver qué casos son más importantes y urgentes" y "huir del igualitarismo", atendiendo primero "a las personas que más lo necesitan". Según García Vicente, "en épocas de escasez, primero hay que encoger porque hay cosas a las que no se va a poder llegar" y, segundo, "priorizar".

El Justicia se ha referido, igualmente, a las quejas en materia de vivienda, por problemas de acceso porque "no se puede vender la anterior vivienda" o porque no se puede pagar la vivienda, así como quejas respecto a las prestaciones por desempleo a las que se tiene derecho y a la cantidad de las mismas.

Otras quejas han sido motivadas por el acceso a la función pública porque quienes las presentan "piensan que las condiciones de acceso no son las adecuadas o justas", ahora que "el acceso a cualquier puesto de trabajo es muy complicado". EDUCACIÓN

La actividad del 2011 del Justicia de Aragón ha incluido la elaboración de un informe especial sobre Educación, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de "pelear por mejorar la calidad de la educación", un problema "grave", a pesar de que la mayoría de las quejas que recibe en materia de Educación se centran en los problemas de acceso a los centros.

En esta línea, Fernando García Vicente ha advertido de que en Aragón "la mitad de los que empiezan Primaria y Segundaria repiten, y si sumamos el Bachillerato, las dos terceras partes repiten", una situación "inaceptable", mientras que en la universidad "hay alguna carretera que no ha acabado nadie y hay cinco que la han acabado menos del cinco por ciento de los que la empezaron".

Ha agregado que el número de alumnos por profesor en la universidad es de ocho y esto "debe hacernos meditar sobre cómo utilizar mejor esos recursos que existen". A su entender, hay que "enseñar a la gente no solo a adquirir conocimientos, si no a saberlos utilizar de forma práctica" y si bien "hay que primar la investigación, también la enseñanza" ya que "no puede ser que haya personas que estén en la enseñanza e incluso presuman de no haber dado una sola clase".

Sobre el fracaso escolar ha apostillado que es "dramático en lo personal" y, además, "tiene un coste económico y social muy grande porque quiere decir que tenemos un diez por ciento más de alumnos de los que deberíamos tener". Para el Justicia, "la base de todo esto es el profesor" puesto que "la enseñanza es buena, cuando el profesor es bueno".

García Vicente ha comentado que en 2012 están haciendo un informe especial sobre la contratación en la función pública. CONTROL

El Justicia de Aragón se ha referido a la posibilidad de que el Estado controle el déficit de las Comunidades autónomas y ha considerado que es "preferible" que "cada Parlamento y cada Comunidad autónoma se autocontrole, esa es la situación ideal", si bien "lo que no puede ser es que no haya ningún tipo de control".

García Vicente ha pedido "seriedad y rigor" porque "no puede ser que a estas alturas se dejen facturas sin pagar", y se ha referido a una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual frente a la Unión Europea "no solo son responsables los Estado, sino las Comunidades autónomas" respecto al pago de las sanciones por no cumplir los objetivos del déficit.

Para el Justicia de Aragón, debería existir "responsabilidad moral y política para aquel que se va dejando un sitio lleno de deudas; creo que de alguna manera la hay" y, en ese sentido, "la opinión pública tiene que tener claro que gestionar no es gastar, sino administrar bien y en épocas de escasez es administrar encogiéndose lo que se tiene".

Respecto a pedir otro tipo de responsabilidades personales, ha comentado que "no sé cómo se podría formular desde el punto de vista jurídico porque es mucho más complejo".

Fernando García Vicente ha abundado al señalar que "es muy importante aumentar la eficiencia de los órganos de control" y ha recordado que en Aragón el Tribunal de Cuentas "estuvo sin funcionar un año y medio —ahora ya está funcionado— y eso no puede ser".

Asimismo, ha defendido el papel de los secretarios e interventores de ayuntamiento como instrumento de control "porque no se puede entender que se hayan generado determinados gastos sin haber una partida suficiente para hacer frente a ellos" ya que quien tiene que asumirlos "se encuentra con el dilema de que si paga eso y deja de pagar lo otro es una empresa que tiene que cerrar o despedir a sus trabajadores porque no tiene posibilidades de financiación y eso no debería haber sucedido".

Por eso, "hace falta que los secretarios e interventores sean de carrera porque son inamovibles y pueden decir lo que creen que, de acuerdo con el principio de legalidad, deben decir" y ha comentado que se han encontrado un pueblo donde "han intentado sustituir al secretario de un ayuntamiento por una gestoría".