Los sindicatos CIG y UGT interpusieron una querella criminal contra el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Casares Long, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con la gestión de la Fundación USC-Deportiva.

El Juzgado número 2 de Santiago admitió a trámite la acción judicial en un auto emitido el pasado 10 de diciembre, según han asegurado este viernes en rueda de prensa los sindicalistas Paulo Rubido (CIG), Raimundo Méndez (UGT) y la abogada de la central nacionalista Eva Vales.

Estos delitos prevén penas de prisión de tres a seis años e inhabilatación absoluta de seis a diez años —en el primero de los casos— y de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial de siete a diez —en el segundo—.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Rubido ha exigido la dimisión "inmediata" de Casares Long por su condición de "imputado": "Un señor imputado no puede dirigir una universidad", ha subrayado. Junto a él, según las organizaciones sindicales, están imputados el antiguo gerente de la fundación, Carlos Feijóo Novoa y una trabajadora, Rocío Bulnes Fraga.

Mediante un comunicado de prensa de la USC, Casares Long ha subrayado que "se trata de una denuncia falsa" y que se reserva el ejercicio de acciones legales contra los querellantes, así como "las posibles acciones civiles por el daño ocasionado".

"No se puede manchar el nombre de las personas y desprestigiar a las instituciones de forma gratuita, como hacen los autores de esta demanda", destaca en la nota.

Despido de una trabajadora

Además de la dimisión de Casares Long, los sindicatos piden la "inmediata readmisión" de una trabajadora de la fundación, Pilar Díaz Lorenzano, cuyo despido improcedente —en febrero de 2010— está a estas alturas recurrido por UGT en el Tribunal Supremo —que pretende su nulidad—.

Díaz Lorenzano optó por aquel entonces como delegada de personal de UGT a las elecciones sindicales en la Fundación USC-Deportiva —y fue elegida—, pero el mismo día de la presentación de su candidatura recibió la carta de despido, por cuestiones "disciplinarias", según ha explicado la propia afectada.

Así las cosas, la fundación, a cuyo frente estaba Carlos Feijóo Novoa, sustituyó a esta empleada por otra —Rocío Bulnes Fraga— que desarrollaba labores como monitora en la piscina de la universidad con un contrato temporal y, "a dedo, a saco", la hizo indefinida, ha asegurado Rubido.

Responsabilidad del anterior rector

Estos hechos ocurrieron en julio de 2010, según los sindicalistas, que se han adelantado a la réplica del rector al decir que, si bien el anterior dirigente de la USC —Senén Barro— puede o no tener responsabilidades, Casares Long tomó posesión del cargo "en junio de 2010" y, además, posteriormente, "tenía conocimiento" de esta situación y lo que realizó fue "una huida hacia adelante".

"Prefiere gastar dinero despidiendo y no quiere negociar con los sindicatos", ha agregado Rubido, antes de indicar que el propio Raimundo Méndez tuvo una reunión con Casares Long en la que le expuso su opinión acerca de este proceso.

El relato de la querella "ni siquiera" lo cita

Pese a esto, el rector de la USC considera "incomprensible" la actitud de la CIG y de la UGT "implicándolo en una querella presentada por los dos sindicatos en el Juzgado de Santiago, debido a unos hechos producidos en la Fundación USC-Deportiva, en los que no participó ni a título personal ni como rector, ya que fueron con anterioridad a su nombramiento como presidente del patronato de la fundación, el 30 de julio de 2010".

En su nota de prensa, la USC resalta que la querella "va dirigida contra el anterior gerente" de la fundación, contra una trabajadora de la misma "y también contra Juan Casares Long, que, aunque no se indica, puede deducirse que lo es en condición de presidente del patronato de la fundación USC-Deportiva, cargo que asumió después de los hechos denunciados".

"En el texto de la denuncia se indica que va dirigida contra estas tres personas, aunque en el relato de los hechos de la querella no figura para nada, ni siquiera se cita al rector", incide.

Oposiciones y mesa de negociación

Una tercera cuestión por la que protestan ambas centrales sindicales es la convocatoria de oposiciones en esta entidad, también recurridas ante la Justicia. Las bases, según Méndez, son "totalmente injustas" al ser "desproporcionada" la puntuación que se otorga a la experiencia y a la entrevista personal —un 50% de la puntuación global—.

Por todo ello, Paulo Rubido ha concluido demandando a la universidad la apertura de una mesa de negociación con las centrales sindicales, como un paso "innegociable" para evitar que la USC, en la Fundación USC-Deportiva, actúe "como las empresas cutres". Además, ha pedido a toda la comunidad universitaria un posicionamiento de modo que reclamen también la dimisión de Casares Long "para limpiar el nombre" de la USC.