El Gobierno de Mariano Rajoy dio este viernes el primer paso para cumplir una de sus promesas electorales estrella: permitir a las comunidades la privatización de las televisiones autonómicas y locales.

Según informó la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que reformará la Ley General de Comunicación Audiovisual.

El objetivo, adelantó, es "abrir el abanico de posibilidades" en lo que a fórmulas de gestión de las radios y televisiones regionales se refiere, de manera que las autonomías puedan "elegir" el modelo que crean más conveniente y que sea "más eficaz o eficiente" para la prestación de este servicio. Ello supone la conocida como 'colaboración público-privada', es decir, encargar la gestión o dejarlas en manos de empresas privadas.

La privatización es una vieja reivindicación de presidentes regionales como la madrileña Esperanza Aguirre. En noviembre de 2011, durante una entrevista en la emisora Punto Radio, la presidenta dejó clara su postura por enésima vez:  "Estoy a favor de la privatización de Telemadrid. No creo en las televisiones públicas, y menos en crisis". Este viernes, reiteró que deben estar "en manos de profesionales".

Que esa demanda existía lo demuestra el hecho de que Mariano Rajoy incluyese la petición en su programa electoral. El epígrafe dedicado a este asunto rezaba así: "Impulsaremos las reformas legislativas para que las Administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada".

La portavoz del Gobierno fue más allá este viernes recalcando que el Ejecutivo se ha apresurado a cumplir con lo prometido y ha tramitado la reforma legal "con cierta agilidad" porque "lo han pedido algunas comunidades autónomas".

Con todo, el Gobierno aún deberá esperar a recibir los informes preceptivos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

La privatización de las televisiones autonómicas permitirá las comunidades se desprendan completamente de unos entes que arrastran, en su gran mayoría, unas deudas muy elevadas. Soraya Sáenz de Santamaría admitió este viernes que, de hecho, la reforma legal tiene como finalidad secundaria echar un capote a las administraciones públicas que las financian "en el cumplimiento del déficit".

Según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España, elaborado por la consultora Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) y presentado en noviembre de 2011, los entes regionales acabaron 2010 con una deuda bancaria de 1.466 millones de euros.  La valenciana Canal 9 y Telemadrid acumulaban el 92% de la mora con 1.117 y 245 millones de euros, respectivamente.

Esta misma semana, la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunciaba un expediente de regulación de empleo para recortar una plantilla de 1.800 trabajadores (más que en las privadas Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas) para poder hacer frente a las deudas. Sin embargo, el Consejo de Administración decidía también que ese ERE lo gestionase una empresa externa que será seleccionada mediante concurso público y que recibirá 190.000 euros por sus servicios según fuentes sindicales.

En el caso de Telemadrid, la plantilla es de 1.156 empleados. La andaluza Canal Sur cuenta con más de 1.600 y la catalana TV3 con alrededor de 1.800. El Gobierno regional aporta cada año a Telemadrid 78,9 millones de euros, la mitad que lo que el Gobierno andaluz y la Generalitat dedican a sus respectivas emisoras.

El informe de Deloitte también pone en tela de juicio si el coste de los medios públicos regionales (la vasca Euskal Telebista, 253 euros por hogar al año; TV3, 209; Canal 9, 202; 7 Región de Murcia, 192; Canal Sur, 173 euros; Telemadrid, 68) se justifica en sus audiencias.

Según datos de noviembre de 2011, solo Canal Sur, Aragón TV, TV3 y Televisión de Galicia superaban el 10% de cuota de pantalla. Los canales principales de Murcia (3,2%), Comunidad Valenciana (5,8%), Castilla La Mancha (5,4), Baleares (5%) y Madrid (5,7%) ni si quiera alcanzaban el 6%.