Las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF consideran "un error" que el Consejo de Gobierno de la Junta haya aprobado este martes el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, que establece vías para la legalización o reconocimiento de estas construcciones, y lamenta que con este decreto parece que hay normas que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración pública para resolver el problema creado al respecto".

En este sentido, el técnico de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que este decreto demuestra que la Administración pública "no cumple con sus funciones" en el ámbito urbanístico y apunta que el problema de las viviendas en suelos no urbanizables está motivado por la propia Administración por "dejadez total" de sus funciones.

"Hay planes urbanísticos que se elaboran y luego no se cumplen, construyéndose miles de casas de manera ilegal", ha criticado. Al hilo de esto, Carmona ha añadido que una vez construidas éstas, "se regulariza la situación por parte de la Junta, declarando legal algo que no lo podía ser en su momento".

A su juicio, la sensación que se tiene sobre este asunto es que "si se ha hecho ahora, legalizando miles viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, porque no se va a hacer dentro de seis o siete años de nuevo". "La sensación de impunidad es grande", ha lamentado.

La Junta, según Carmona, alega para la regularización "el gran problema de orden público que supone no hacerlo, pues las personas que se han construido sus viviendas, ahora tendrían que derribarlas". "Quien motiva este problema es la propia Administración andaluza al no cumplir con sus funciones", ha indicado.

De otro lado, ha expresado que la imagen que se tiene sobre este asunto es que "habrá amnistías constantes y continuas, pues parece que hay determinadas normas que no son necesarias cumplir porque ya después la Administración andaluza vendrá a resolver el problema que se crea".

La ordenación del territorio en Andalucía es "imposible", pues la tiene que gestionar la Junta y "no cada uno de manera particular y de la forma que entienda". "Las normas son para que la convivencia sea lógica, exista uniformidad en la construcción y se ofrezcan servicios lógicos, por lo que si los particulares son los que organizan la ordenación, mal nos va", ha advertido.

"un puñado de votos"

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción ve "inadmisible" que el PSOE intente "arañar un puñado de votos" en precampaña electoral de cara a los próximos comicios autonómicos legalizando "decenas de miles" de viviendas en suelo no urbanizable.

En este sentido, el secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que es "inadmisible" que la Junta apruebe este decreto, a través del cual se regularán la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

A juicio de Clavero, es "inadmisible" la legalización de "decenas de miles" de viviendas irregulares, que ni la propia Administración andaluza "sabe las que se han construido con la connivencia de ayuntamientos y Junta". Esta acción del Gobierno andaluz, según ha indicado, va a generar "un problema ambiental, territorial, económico y legal sin precedentes".

Además, ha recordado que los procesos de regularización ya iniciados en la provincia de Cádiz, en concreto en Chiclana y en Vejer de la Frontera, reflejan "el rechazo de los propietarios a pagar, pretendiendo que sean los demás, los dueños de viviendas legales, los que carguen con los costes de la legalización y de las infraestructuras necesarias, pues éstas vivienda en situación irregular carecen de sistemas de saneamiento o depuración, así como tampoco no han cedido terreno para zonas verdes o equipamientos públicos".

Por otro lado, ha anunciado que la organización Ecologistas en Acción "se va a oponer con todos los medios legales" a esta decisión, que además va, según señala, "en contra del discurso que defendió el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en las pasadas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el que ha venido manifestando Griñán en su combate contra la corrupción urbanística para acabar con la economía del ladrillo, a la que vuelve ahora con la regularización de estas viviendas, buscando al mismo tiempo votos fáciles".

No hay un censo "preciso"

Sobre el número de viviendas ubicadas en suelo no urbanizable y afectadas por dicha norma, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha indicado que la Junta no tiene un censo "preciso" del número de viviendas afectadas, aunque sí ha estimado que hay unas 250.000 viviendas aisladas ubicadas en suelo no urbanizable y se estiman unas 1.000 urbanizaciones en dicho tipo de suelo. No obstante, ha destacado que en asentamientos "hay mucho trabajo hecho con los ayuntamientos y muchas están legalizadas".

En este sentido, ha reconocido que la Junta "no tiene hecho un estudio, pero ahora corresponde a los ayuntamientos acelerar ese análisis del suelo no urbanizable, ver cuantos asentamientos y cuantas viviendas aisladas hay". No obstante, sí ha dejado claro que "de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar"