El Partido Animalista PACMA y la organización AnimaNaturalis han denunciado ante la conselleria de Interior de la Generalitat catalana a los ayuntamientos de Sant Carles de la Ràpita y L'Aldea, en Tarragona, y a dos peñas taurinas por graves infracciones en las fiestas de los correbous o encierros taurinos.

Los hechos denunciados se remontan al 23 de julio pasado en el caso de Sant Carles de la Rápita, donde se celebra el festejo bou capllaçat, donde un toro es atado con cuerdas y es arrastrado por el pueblo, una acción que según los denunciantes genera estrés y angustia al animal.

En las imágenes tomadas, explican las mismas fuentes, se ve cómo algunos jóvenes lanzan objetos contundentes al toro o le colocan obstáculos en las patas para dificultar su paso, y se comprueba la participación de menores de 14 años, "no como meros espectadores, sino que intervinieron activamente en el espectáculo acechando y persiguiendo al toro".

Según informan las dos entidades de defensa de los derechos de los animales, en los festejos con toros celebrados en estos pueblos de las Terres de l'Ebre el verano pasado se cometieron infracciones que atentan contra el reglamento catalán de estos espectáculos y que pueden suponer sanciones conjuntas de hasta 300.000 euros. Entre las irregularidades, que las entidades animalistas tienen documentadas en vídeo y fotografías, hay agresiones "crueles" a los animales, graves infracciones en las medidas de seguridad de los asistentes o la participación de menores de 14 años.

Los voluntarios de AnimaNaturalis y del PACMA grabaron durante el verano numerosos encierros en esta zona de Tarragona para constatar si se cumplían las normativas que regulan estos espectáculos. Las denuncias se hacen extensivas a las peñas que organizaron los encierros, en el caso de Sant Carles de la Ràpita la Peña Bou Capllaçat, y la Peña Calaixó, en L'Aldea, y piden a la Generalitat que abra expedientes sancionadores contra los organizadores.

Paralelamente, PACMA y AnimaNaturalis trabajan en la presentación de al menos otras diez denuncias más por estos mismos motivos contra otros ayuntamientos, entre ellos los de Amposta o Camarles. La segunda denuncia se ha presentado contra el alcalde de L'Aldea como máxima autoridad responsable del encierro y contra la Penya Calaixó, organizadora del evento celebrado el pasado 12 de agosto.

En L'Aldea se celebró un toro de fuego que, según los denunciantes, incumplía las medidas de seguridad mínimas. Los palcos, explican en la denuncia, estaban apuntalados por dentro de las barreras y estos tenían espacios abiertos que permitían que el toro saliese fuera del recinto, una insuficiencia que puede ser multada hasta con 150.000 euros.

"Tan evidente resultaba la falta de seguridad que incluso los habitantes del pueblo comentaban entre ellos estas circunstancias. A pesar de ello, los organizadores, alertados por los asistentes, no hicieron nada por solventar los graves problemas de seguridad", explica la directora de AnimaNaturalis España, Aïda Gascón.

El portavoz de PACMA en Cataluña, Toni Valle, asegura que este tipo de situaciones se repiten constantemente "poniendo en riesgo no sólo la vida y la integridad de los animales sino también del público y si no hay más desgracias personales es sólo por suerte". Además, en el encierro de L'Aldea se produjeron "numerosos actos de maltrato gratuito hacia el toro", ya que algunos individuos asistentes dieron patadas al animal, acción que puede estar sancionada con hasta 60.000 euros.