Una veintena de casos de corrupción se investigan en Baleares

Policías en una operación anticorrupción en Baleares.
Policías en una operación anticorrupción en Baleares.
EFE

La Fiscalía Anticorrupción investiga en Baleares más de una veintena de casos diferentes de supuesta corrupción, la mayoría correspondientes a la legislatura 2003-2007, en la que el PP y Unió Mallorquina (UM) gobernaban en coalición en las principales instituciones de las islas.

CASO PALMA ARENA: El juez José Castro comenzó a investigar este caso por el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-2007. A partir de ahí, la causa se fue ampliando hasta ramificarse en 26 piezas, entre ellas varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas, una centrada en el Instituto Nóos presidido por Iñaki Urdangarin y otra sobre un proyecto de palacio de la ópera de Santiago Calatrava. En 9 de enero comienza el juicio de la primera pieza, en la que la Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para Matas.

CASO CAN DOMENGE: La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar (UM) se enfrenta a 6 años de cárcel por este caso, que se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Trata sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en Palma. Se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consell de Mallorca, durante la legislatura 2003-2007, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones frente a los 60 que ofertaron los querellantes.

CASO SCALA: Otro de los casos de supuesta corrupción con juicio abierto, que acogerá la Sección Primera de la Audiencia de Palma. En el banquillo se sentará 18 acusados por una supuesta trama de corrupción en el Govern balear durante la legislatura 2003-2007. La Fiscalía reclama en el 21 años de cárcel por seis delitos para el exconseller de Comercio e Industria en el Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por desviar unos 7 millones de euros públicos.

CASO BITEL: Lo juzgará la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha señalado durante ocho días, del 20 de febrero al 7 de marzo. La Fiscalía pide penas de cárcel para cinco personas por desviar dinero de la entidad pública autonómica Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel) durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas (PP). Acusa al exgerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes y pide para él 14 años de cárcel.

CASO MAQUILLAJE: Dividido en piezas, una de ellas ya tiene juicio abierto, con una petición fiscal de 6 años de cárcel contra la expresidenta y el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, respectivamente, por malversación, falsedad y prevaricación. Trata sobre irregularidades en contratos y subvenciones a productoras por parte del Consell.

CASO ANDRATX: Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, varias de las cuales ya han sido juzgadas. Por varias condenas están en prisión el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo (PP).

CASO TURISMO JOVEN: Supuesta malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven por parte de varios miembros del PP, desde 2004 a 2007. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude para el ex director general de Juventud de Baleares Juan Francisco Gálvez.

CASO SON OMS: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Dividido en piezas, el ex conseller del Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (UM) está en prisión por una condena a 3 años de una pieza de esta causa.

CASO PEAJE: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado de las obras de la carretera de Manacor a obras privadas durante el mandato 2003-2007 del Consell de Mallorca, gobernado por PP y UM. Entre los imputados se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de UM en la institución.

CASO BOMSAI: Se investigan posibles irregularidades durante la época del gobierno de Jaume Matas en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio. Están imputados los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge Saiz de Baranda y Joan Pol, respectivamente.

CASO VOLTOR: Dividido en piezas, investiga supuestos desvíos de fondos en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011 desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM. Entre los imputados se encuentran el exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM) y el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

CASO IBATUR: Otro caso dividido en partes en el que se indaga un supuesto desvío de dinero público del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), controlado por UM. Según la policía, políticos de este partido liderados por Miquel Nadal (exconseller de Turismo) idearon un "entramado delictivo" para sustraer el dinero.

CASO MAR BLAU: Investiga la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas. Están imputados, entre otros, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el antiguo propietario del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, y su hijo homónimo.

CASO CLOACA: Se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor. Están imputados varios empresarios y políticos de UM.

CASO PICNIC: Trata sobre una supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM durante la legislatura 2004-2007 con, entre otras cosas, la contratación de personas con dinero público que realmente trabajaban para el partido. Una comisión judicial registró la sede de UM en la operación policial del caso, lo que desembocó en la desintegración del partido. El juez impuso luego a UM una fianza civil de 1,6 millones.

CASO SANT ELM: Sumario por supuesto desvío irregular de fondos en la legislatura 2003-2007 de la Fundación Illes Baleares que lidera el expresidente del Govern balear Gabriel Cañellas (PP). Esta entidad responsable de la conservación de la torre de Sant Elm cedió su uso en 2006 al Ayuntamiento de Andratx (gobernado entonces por el PP) a cambio de una contraprestación económica cuyo destino se está investigando.

CASO FUNERARIA PALMA: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública durante la legislatura 2003-2007 del PP, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma.

CASO PIÑATA: Caso reabierto en 2010 por la Audiencia de Palma después de su archivo en 2008 por el juez de instrucción en el que está imputada la ex consellera insular de Deportes y Promoción de UM Dolça Mulet y otras once personas. Se investigado desde 2004 y versa sobre unas subvenciones supuestamente irregulares concedidas por el Consell a varias asociaciones vinculadas a UM.

CASO XORIGUER: Se investigan presuntas irregularidades en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) durante el mandato del PP del 2003-2007. Entre los imputados figura la ex secretaria general del PP de Menorca.

CASO OSSIFAR: Destapado en agosto de 2011, trata una supuesta trama de corrupción vinculada a la empresa municipal Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) durante el mandato 2003-2007, cuando estaba controlada por UM.

CASO RELÁMPAGO: Causa abierta en 2007 sobre una supuesta trama de blanqueo y defraudación a Hacienda en la que participó el bufete de abogados Feliu de Palma. En ella está imputada la cantante Ana Torroja por una supuesta evasión fiscal.

CASO RODRIGO DE SANTOS: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a 2 años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. También está condenado a 5 años de cárcel por varios delitos de abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública.

CASO PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA: Es el único caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido archivado provisionalmente por el juez. Se abrió en agosto de 2008 e investigaba supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros.

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