Amnistía Internacional Asturias ha enviado al presidente del Gobierno del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, una copia del listado de las más de 18.000 personas cuya firma ha sido recogida por la organización exigiendo a los mandatarios autonómicos medidas para que las administraciones autonómicas ofrezcan una mayor protección para los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Esta acción se enmarca en el trabajo realizado por Amnistía Internacional con el informe 'Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España'.

En este trabajo, Amnistía Internacional destaca que "en España existe un déficit en la protección jurídica de los DESC, lo que se refleja en la ley y en las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales". Esto se traduce en "graves impactos en las vidas de las personas, desde el plano más básico como es el acceso a la información respecto de los derechos, como su reclamación ante la administración, o su acceso a la justicia".

Amnistía Internacional Asturias recuerda que la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua son derechos reconocidos en los tratados internacionales que España está obligada a respetar y a garantizar para que todas las personas que ven vulnerados estos derechos puedan reclamarlos ante la justicia.

La organización asegura que en España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, los derechos económicos, sociales y culturales "no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada".