La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido en solitario en la rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año.

Soraya, que ha explicado algunas de las medidas que adoptará el Gobierno para atajar el fraude fiscal, ha dicho que el país debe "tomar medidas extraordinarias" porque "extraordinaria" es la situación por la que atraviesa el país y ha aclarado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no comparecerá el Congreso de los Diputados hasta después del Consejo Europeo del próximo 30 de enero.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, escribirá al gobernador del Banco de España para que informe sobre las retribuciones de altos cargos de bancos y cajas intervenidas y sobre su adecuación a las circunstancias actuales, ha explicado la vicepresidenta.

"No se va a premiar a los gestores que han llevado a sus entidades a la situación de ser intervenidas o de recibir dinero público para poder continuar con su actividad", ha dicho la vicepresidenta.

Soraya, que ha comparecido ante la prensa en solitario, ha dicho que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado un informe sobre 4.000 entidades públicas, informe que será estudiado este enero en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. "Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit", ha señalado.

Ha dicho que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preguntará a los gobernantes de las diferentes administraciones públicas por qué no han cumplido con el objetivo de déficit para 2011.

Asimismo, el Gobierno interpelará a las diferentes administraciones sobre los organismos que dependen de ayuntamientos y autonomías y que creen que deben mantenerse, fusionarse para reducir costes o incluso venderse.

"Queremos tener información exhaustiva del personal que tienen, sobre todo de los altos directivos de las entidades, y una valoración previa del futuro de estos organismos", ha puntualizado.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno respeta la potestad que tienen las autonomías sobre las empresas públicas y entidades dependientes de sus gobiernos, pero ha insistido en que "todas ellas son muy conscientes de la necesidad de un proceso de reestructuración".

En este sentido, ha añadido que desde 2004 a 2009 se ha incrementado en un 50% el número de entidades públicas.

La vicepresidenta también ha explicado que el ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, se dirigirá al Consejo de Seguridad Nuclear para conocer si es posible prolongar la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El pasado 2 de enero Soria expresó su "voluntad e intención de revocar" la orden ministerial que anticipaba el cierre de la central nuclear de Garoña a 2013.

La vicepresidenta ha recordado la "preocupante" situación de la tesorería de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes después de conocerse los datos del paro y afiliación a finales de año.

A pesar de la crudeza del dato, "la Seguridad Social acaba con un déficit de 668 millones de euros", lo que supone el 0,06% del PIB, frente a la previsión de un superávit del 0,4%, Soraya ha insistido en mandar un mensaje de calma porque ha asegurado que la Administración pagará las pensiones "sin problemas" y ha recordado que ya se han vivido momentos difíciles similares al actual, como en 1996, pero que entonces también el Ejecutivo pagó "puntualmente".

Ha subrayado la necesidad de "tener presente" que el país necesita medidas extraordinarias, porque cuando la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto de déficit frente al superávit previsto, demuestra que la "realidad es más dura de lo que pensábamos".

El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, una actividad para la que el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado las directrices que servirán para desarrollar el plan general de control del fraude para 2012.

Asimismo, el ministerio estudia la implantación de medidas para limitar el uso del pago en efectivo para determinadas transacciones, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de los delegados del Gobierno en seis comunidades autónomas, de forma que, junto con los ya nombrados anteriormente, sólo quedan pendientes los de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha nombrado en el País Vasco al parlamentario vasco Carlos Urquijo; en Navarra a Carmen Alba, exconcejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona.

En Galicia a Samuel Jesús Juárez Casado (foto de la derecha) exconsejero de Medio Rural de la Xunta.Juárez ha desempeñado el cargo de conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia hasta la remodelación del Gobierno gallego

Además, ha designado en Asturias al exalcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo Ferrra (izquierda) como nuevo delegado del Gobierno.

En Aragón el elegido es el senador Gustavo Alcalde Sánchez (derecha). Se trata de un histórico del PP en esta comunidad, partido que presidió entre mayo de 2001 y noviembre de 2008.

En Extremadura el diputado Alejandro Ramírez del Molino (foto de la izquierda).

El primer nombramiento del Ejecutivo fue el de la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, dado que el puesto llevaba vacante diez días. Además, en su reunión de la pasada semana aprobó los de Cataluña, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.