El sindicato Comisiones Obreras ha votado en contra de las medidas decididas por la Junta de Castilla y León de ampliación del horario de los funcionarios públicos y considera falso que se pueda negociar su aplicación, mientras que ha advertido de que una "segunda estocada" que podría decidir la Administración tendrá que ver con la amortización de puestos.

Así lo ha afirmado el responsable de Sector Autonómico de Comisiones en Castilla y León, Juan Carlos Cisneros, quien ha incidido en el rechazo unánime de todos los sindicatos a estas medidas que, según sus cálculos, supondrán una pérdida de 6.500 puestos de trabajo en el empleo público en 2012 y 2013.

Además, Cisneros, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que las medidas, junto con las estatales de incremento del IRPF, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de un 6,6 por ciento al aumentar el número de horas de trabajo.

Por otra parte, el responsable de Comisiones ha calificado de "falso" que se pueda negociar la aplicación progresiva del incremento de horas de trabajo ya que el Boletín Oficial del Estado ha publicado las medidas de carácter básico, con lo que la Junta no puede vulnerar la normativa estatal.

Juan Carlos Cisneros también ha criticado que ahora se quieran negociar medidas de flexibilidad horaria como el cierre de centros y edificios públicos dos horas antes, a las 18.00 en lugar de a las 20.00 horas, algo que ya propusieron los sindicatos pero a lo que se negó la Junta por la dedicación exclusiva de 40 horas de los jefes de servicio.

Ataque al empleo

En este sentido, se ha mostrado a favor de "racionalizar" el gasto pero no "a costa" de los empleados, que siempre son la parte "más vulnerable", y ha recordado el centenar de despidos que se hizo efectivo el viernes en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuando su estructura continua igual y en lugar de nueve servicios territoriales —uno por provincia— hay 18.

Además, ha incidido en que estos trabajadores van a recurrir y reclamar el despido improcedente, lo que al final supondrá a la Junta gastos en servicios jurídicos y otras cuestiones que harán que se les "vuelva la tortilla" y gasten más que en nóminas.

Cisneros ha insistido en que la prioridad es el mantenimiento del empleo público y no las medidas que vayan en su contra y ha augurado una "segunda estocada" con los interinos y la amortización de plazas vacantes, algunas de ellas ocupadas por estos trabajadores, cuando se lleva años pidiendo una regularización. A modo de ejemplo ha puesto la Consejería de Agricultura, que cuenta con 1.000 plazas vacantes sin ocupar debido a la externalización de servicios y la creación del Instituto Tecnológico Agrario.

El responsable de Comisiones, quien cree necesaria una reorganización, ha insistido en que el sindicato está abierto a negociar pero no a aceptar lo que la Administración quiera porque considera que tiene que haber una "contrapartida". Por ello, además de la vía jurídica y la negociación, ha dejado abierta la posibilidad de medidas de presión.