El Ejecutivo canario ha autorizado este jueves, en el Consejo de Gobierno, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y ha acordado solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre dicho recurso.

La Ley 35/2011, explica el Gobierno canario, tiene por objeto regular la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en medio rural.

Y es, en ese sentido, en el que se enmarca las acciones contenidas en las políticas de igualdad y fundamenta su propósito en la competencia del Estado para la regulación de las "condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de los deberes".

Además, incide en que la agricultura, tal como establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, "es competencia exclusiva" de la Comunidad Autónoma, por lo que la ley contempla la intervención de las autonomías en uno de los aspectos "más relacionados" con la administración del régimen de titularidad compartido, el que atribuye (artículo 6 de la Ley 35/2011) la constitución y gestión del registro de titularidad compartida.

"El Gobierno de Canarias entiende que no es adecuado que sea el Estado el que dicte la legislación que imponga a la comunidad autónoma la constitución y gestión del registro de titularidad compartida en los términos contemplados en la Ley", concluye.