En concreto, los letrados de Camps y Costa, quienes están siendo juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ante un jurado popular por un delito de cohecho pasivo impropio, han preguntado a altos cargos de la Generalitat valenciana si sus clientes pudieron influirles en la adjudicación de varios contratos, entre ellos de Fitur, a la empresa Orange Market.

Algunas de las preguntas declaradas impertinentes han sido: 'Si había recibido alguna indicación para favorecer a algún concursante en la adjudicación de Fitur de 2005'; 'Si en algún momento se planteó en la Agencia Valencia de Turismo (AVT) la posibilidad de que hubiera por parte del presidente de la Generalitat alguna influencia sobre ella', en el caso de María Victoria Palau. El magistrado también ha cuestionado una pregunta formulada por la fiscal, relacionada con si Fitur era una de las adjudicaciones más importantes de la Conselleria de Turismo. Ante ello, el ministerio público la ha retirado.

Sobre esta cuestión, el magistrado ha indicado que las preguntas eran "impertinentes" y ha solicitado a los testigos que no respondieran. No obstante, uno de ellos, ha llegado a contestar que "no", pese a que el magistrado le había advertido, y luego se ha disculpado y ha indicado que había respondido porque se había puesto nervioso. Al haber respondido, ha admitido la respuesta.

El magistrado entiende que esta cuestión no tiene nada que ver con el presente procedimiento, porque ha recordado que "aquí no se acusa de haber producido ninguna contraprestación por haber recibido regalos". "No se les imputa a los acusados en este proceso que hayan influido o realizado actividad alguna como contraprestación a los regalos que se les atribuyen", ha incidido el magistrado.

Sin embargo, los letrados de Camps y Costa han formulado una protesta y, en concreto, el primero de ellos ha explicado que formulaba esta pregunta en base al informe de la acusación popular. Luego Casanueva ha citado el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, en el que se indica que los acusados aceptaron regalos sabedores de que les eran entregados en consideración a su cargo público y desde el que podían tomar decisiones. Pese a ello, el magistrado ha reiterado que la pregunta no correspondía al objeto del procedimiento.