Para los populares, los únicos corruptos son «los que hurtan el agua a la Región y juegan con nuestros intereses». Otro de los motivos esgrimidos es que este plan «criminaliza los desarrollos urbanísticos y da por hecho que todo es corrupción sin una resolución judicial que lo confirme». La propuesta, que partía de IU y fue apoyada por el PSOE, pedía también la remodelación de la ley del suelo y que se aparte de su cargo al político investigado por corrupción urbanística.