El abogado de Martinsa Fadesa, Javier Juste, ha expuesto este viernes, en sus conclusiones sobre el juicio contra el empresario gallego Manuel Jove, que el actual presidente de la inmobiliaria, Fernando Martín "no tenía conocimiento del estado de los activos" de Fadesa cuando firmó el contrato de agosto de 2007 —por el que Jove adquirió bienes por 200 millones— y que no lo tenía por el "desgobierno" que había en el seno de la empresa adquirida en relación a los datos sobre los suelos.

Por su parte, los abogados de la defensa, José Antonio Caínzos por Jove y Pedro Rodríguez Rodero por Antonio de la Morena, han centrado su discurso final en que la demanda "se basa en falsedades" y en que "no hubo daño" ni "ocultación" de información ni hechos dolosos "imputables" a los exgestores de Fadesa, por lo que "no hay pleito".

El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha acogido desde el pasado lunes las declaraciones de los testigos, peritos y expertos citados por ambas partes a raíz de la demanda de responsabilidad social presentada por Martín contra Jove y de la Morena, a los que acusa de haber trasladado deliberadamente información falsa a la tasadora Richard Ellis para inflar el valor de los activos antes de la venta a Martinsa.

Por el beneficio esperado y no logrado, el empresario madrileño pide más de 1.500 millones de euros, basándose en la dificultad o imposibilidad de desarrollar hasta 37 activos. El caso ha quedado este viernes visto para sentencia.

En discurso de conclusiones, el abogado de Fernando Martín ha señalado que "no hay quien se aclare en el seno de Fadesa y de Martinsa Fadesa con el asunto de las fichas de activos" y ha afirmado que "pocas veces estuvo tan justificada la solicitud de auxilio judicial" —a finales de 2010 reclamó la remisión de las fichas usadas para las valoraciones por Richard Ellis—. Fadesa, ha dicho, representaba "un auténtico monumento al desgobierno".

Además, sobre la auditoría interna que el jefe del gabinete jurídico en la empresa fusionada, Javier Lacleta, dijo haber emprendido, el abogado ha destacado que "no la vio nadie" terminada. Apoyándose en esto, Juste ha argumentado que pese a que en agosto de 2007 Jove y Martín firmaron un contrato con una cláusula que dice que se ha realizado un examen "exhaustivo" de la compañía comprada, el adquiriente no conocía el estado de los activos.

También ha cuestionado que el informe de Richard Ellis no fuese relevante —varios expertos han resaltado que el mercado no tenía en cuenta estas valoraciones— si varios exresponsables del departamento financiero y legal ha dicho que "corría" por la empresa y fue la guía para la financiación.

Además, ha acusado a Jove y de la Morena de "desentenderse" de la información que se daba a la tasadora y ha considerado que "la gravedad de la negligencia es equiparable al dolo". Ha insistido en que hubo información "falsa" sobre suelos, que se incluían como propios de Fadesa terrenos que "no eran suyos" y que todo ello ha causado "daño" a los nuevos gestores.

En concreto, ha atribuido 162 millones por problemas de titularidad de terrenos; 84 por asuntos relacionados con superficies; 487 por clasificaciones de suelo; 721 por falta de información sobre las consecuencias del planeamiento urbanístico en Andalucía y 121 por "errónea" calificación de obra en curso. En total son 1.576 millones.

"no hay hechos"

El abogado de Jove ha sostenido, por la contra, que "no hay hechos" y, por lo tanto "no hay pleito". "El dolo hay que probarlo y tiene que probarlo quien lo invoca", ha dicho y ha considerado que no se han presentado pruebas. Así, ha insistido en que "no hubo ocultación" de información y ha citado a varios testigos que señalaron que la información de las fichas "estaba allí" tras la fusión y era "accesible a muchas personas".

La parte demandante, ha continuado, "es la única que no sabe lo que pasa con las fichas" en las que se basaba Richard Ellis. Además, ha recordado que estas valoraciones son "una opinión, nada más" y que, según los expertos", no influyeron en el precio que se pagó por Fadesa porque se invoca un informe de diciembre de 2006, cuando la operación se cerró en septiembre.

En este sentido, el representante de Morena ha subrayado que "toda la demanda" se basa en el informe de Richard Ellis, que considera "clave", pero ha sostenido que "no solo no lo fue, sino que no pudo serlo porque se emitió en febrero de 2007". "Aquí podíamos acabar", ha enfatizado.

"El señor Martín compró en un mal momento y empezó a irle mal", ha resumido y ha considerado que esto ocurrió en otras operaciones entre constructoras en esos años y todos los afectados "han pretendido que el que les vendió los había engañado". Sobre la cualificación de Martín, su abogado ha defendido que decidió "confiar en los datos que se aportan al mercado de valores" en lugar de "recorrer patatales".

Contrato de 2007

Las partes se han referido al contrato de agosto de 2007 que, según la declaración de Jove, se firmó tras recibir "amenazas" de Martín de que lo demandaría y con la condición de que el empresario madrileño admitiese una cláusula por la que se comprometía a no pedir responsabilidades futuras. Ese acuerdo es, según los demandantes, una compraventa y, según la defensa, una transacción.

La palabra transacción "no aparece en ese contrato", ha alegado el abogado de Martín, que ha considerado que si hubo amenazas "tenía que haberse puesto de relieve" en las contestaciones de la defensa previas al juicio. El representante de Jove ha afirmado, por su parte, que nunca ha visto una cláusula de renuncia "tan detallada" y ha replicado que "a nadie" le gusta revelar que ha sido amenazado y que la intención del fundador de Fadesa era evitar un pleito.

El defensor de Martinsa ha considerado "sorprendente" que el empresario gallego se aviniese a hacer una operación de 200 millones por temor a una denuncia que desembocase en un juicio. Se pactó "de forma inmediata", ha destacado y se ha preguntado si había "alguna sospecha de que esa demanda podía ser fundada".

"fraude procesal"

Caínzos ha afirmado el proceso iniciado con la demanda de Martinsa Fadesa supone "un enorme fraude procesal" y ha acusado a los demandantes de obrar con la "intención de hacer escándalo". "Es una reclamación injustificada e injusta", ha dicho para pedir la desestimación y que los demandantes asuman las costas.

Lo mismo ha reclamado Rodríguez Rodero, quien ha calificado la denuncia de "infundada y absolutamente temeraria" y ha considerado que su objetivo era "causar daño". El abogado de Martinsa ha pedido que se estime íntegramente el contenido de la demanda y que se condene a las costas a los demandados.