El Parlamento de Canarias, con los votos a favor de CC y PSC, ha aprobado esta tarde la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012, que asciende a 6.736 millones de euros, lo que significa un 1,4 por ciento más que este año.

Tras más de cuatro horas de debate, los partidos que sustentan al Ejecutivo canario han podido sacar adelante unas cuentas que, el día de su presentación, fueron calificadas por el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, de "realistas y de marcado carácter social ante un contexto de incertidumbre, grandes dificultades y escasez de fondos públicos".

Durante el transcurso de la sesión plenaria, el portavoz del Grupo Popular en materia económica, Jorge Rodríguez, lamentó haber tenido que encarar un proceso de enmiendas parciales que, en su opinión, sigue pareciendo "un engaño fraudulento".

Asimismo, consideró que las cuentas que se han aprobado hoy son "el envoltorio legal de una chapuza contable", pues "traerán más paro y más desconfianza a Canarias y adolecen de importantes defectos jurídicos y de transparencia".

Jorge Rodríguez también criticó que la Ley de Presupuestos "trata de ajustar el marco financiero a los planes del Gobierno con la misma facilidad que se cuelgan los adornos de Navidad".

Según el diputado popular, el Ejecutivo canario demuestra con la "satisfacción" que le generan estos presupuestos estar instalado en "una auténtica burbuja, porque no percibe el descontento de la sociedad".

"No se puede jugar con las leyes y, cuando se promulgan, el Parlamento debe estar absolutamente seguro de que la ley que se aprueba es la que se quiere, pero hemos visto hoy que una de las leyes más importantes no ha requerido el mínimo consenso y diálogo posible", recalcó.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, por su parte, señaló que la escasez de recursos "ha sido uno de los grandes condicionantes de este presupuesto", pero quiso dejar claro que el Gobierno "ha sido valiente y ha estado a la altura de las circunstancias aprobando las cuentas públicas".

De hecho, invitó a la oposición a comparar los presupuestos de Canarias con los de otras Comunidades Autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, y ver cuáles "han optado por el mantenimiento de los servicios públicos y cuáles por otras prioridades".

González Ortiz rechazó el calificativo de "chapuza" con el que el PP definió el proyecto de ley, pues son "un ejercicio de responsabilidad". "Este Gobierno está enormemente comprometido con los problemas de Canarias", una tarea para la que espera contar con todos los parlamentarios, incluidos los populares.

ENMIENDAS

Previamente, el Grupo Parlamentario Popular vio como sus diez enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos fueron rechazadas por los 36 diputados de Coalición Canaria y Partido Socialista.

Una de esas enmiendas perseguía que las modificaciones de crédito que se llevasen a efecto en el próximo ejercicio tuviesen "tal grado de detalle" que permitiese dar una "mayor transparencia" a la gestión presupuestaria, de manera que el Gobierno diese cuenta en todo momento de las razones por las que cambia una ley que ha sido aprobada en la Cámara.

El portavoz de los populares en materia económica, Jorge Rodríguez, explicó que esta enmienda se justifica porque a lo largo de 2012 las cuentas canarias van a ser modificadas con "una inusitada frecuencia".

Pese a ello, fue rechazada porque, según el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, lo que plantea ya fue resuelto en 2010 por el que fuera consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria.

Otra de las enmiendas que se votó en contra trataba de incorporar al articulado de la Ley de Presupuestos una propuesta que permitiese garantizar los principios de transparencia y concurrencia en la contratación administrativa y acelerar el pago a los proveedores, enmienda que también fue rechazada porque supone "reiterar la legislación del Estado que es de obligado cumplimiento".

En cuanto al Grupo Mixto, fueron aprobadas varias de sus enmiendas, una de ellas para evitar que se recorte el 1 por ciento de los fondos que se destinan al funcionamiento de los órganos directivos de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y otra relativa a la atención a drogodependientes que —previa enmienda transaccional del grupo de gobierno— arrancó los aplausos de algunos representantes de las ONG del sector presentes en la Cámara.

Sin embargo, fueron rechazadas sus demás enmiendas, una de ellas reclamada por la propia Fecam para que en 2012 se puedan desafectar los recursos destinados a inversión para que éstos puedan ser asociados a las competencias ordinarias de los ayuntamientos, y otra para que se dotase a los cabildos de un sistema estable de financiación de su estructura competencial.