La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la práctica de una nueva pericial en el marco del caso Cloaca para determinar el importe facturado al Consell de Mallorca desde 2006 por las UTE adjudicatarias del servicio de reocgida selectiva, a fin de determinar de esta forma si estas uniones de empresas -FCC-Lumsa y Resenetma- incurrieron en supuestos delitos de malversación de caudales públicos que junto a otros se investigan en este proceso judicial.

El fiscal Miguel Ángel Subirán ha presentado ante el juez instructor de la causa un amplio escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide que el economista del Consell calcule cuántos de los servicios fueron efectivamente prestados por las UTE, después de que la Fiscalía elevase a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada por trabajos no realizados, un informe pericial la cifrase en más de cinco millones y las empresas, por el contrario, alegasen que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas en este proceso.

Y es que las UTE critican el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de las concesionarias de estos servicios, que sufrieron un quebranto, según defienden, de 3,1 millones por facturas impagadas. Esto supuso a su juicio una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.

En este contexto, el representante del Ministerio Fiscal pide que se requiera a las Mancomunidades del Raiguer y del Pla así como a numerosos municipios que, en caso de que en ellos se haya llevado a cabo la recogida de residuos de papel, cartón, vidrio y envases por el sistema puerta a puerta, aporten los contratos rubricados con las empresas a las que hayan adjudicado este servicio además de los pliegos de prescripciones técnicas.

En esta misma línea, reclama al titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, que requiera a FCC-Lumsa y Resenetma para que aporten todos los contratos con Consistorios en virtud de los cuales hayan prestado el servicio de recogida selectiva. Mientras tanto, solicita que se tome declaración en calidad de testigo al gerente de la empresa Tirme -concesionaria del tratamiento de residuos-, Ángel Fernández, así como a otras personas que hayan preparado por encargo de Tirme los listados de entradas de camiones con los residuos a tratar.

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados, entre otros, la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró, y el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló.