Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía han remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), nueva documentación relativa a modificaciones presupuestarias con destino a la partida 31L o a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con el objetivo de "desmontar la nueva trampa procesal" del PP-A al instar a la juez a solicitar esta información a la Junta relativa a la etapa en que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía y Hacienda, según ha informado este miércoles la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno.

En rueda de prensa, Moreno ha detallado que la Junta ha entregado en el Juzgado dos informes técnicos, uno de la Intervención General de Hacienda con fecha 19 de noviembre y otro de la Dirección General de Presupuestos con fecha 20 de diciembre, junto a 13 modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno que afectan a las consejerías de Empleo y de Innovación para aportar fondos a la Agencia IDEA, con sus 13 informes favorables de la Intervención General.

Para la titular andaluza de Presidencia, la documentación aportada "deja meridianamente al descubierto la tercera trampa procesal del PP-A para implicar al presidente" y demuestra claramente "que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE", ya que no se puede confundir "la generación de un crédito para un programa presupuestario con la concesión de una ayuda o subvención concreta".

La consejera también ha indicado que se demuestra clarísimamente, a través de los informes técnicos y de la propia documentación presentada, que no se puede "confundir la generación de recursos presupuestarios con la gestión del gasto presupuestario", es decir, el consejero de Economía es el que eleva al Consejo de Gobierno todas las modificaciones presupuestarias de la Junta y para ello es necesario el informe favorable de la Intervención General. Según ha precisado, eso no tiene nada que ver con el uso que los órganos gestores del gasto realizan de esos recursos presupuestarios que se obtienen a través del presupuesto inicialmente aprobado o de las modificaciones presupuestarias.

La consejera ha leído algunos párrafos que se contienen en las información que los Servicios Jurídicos de la Junta han remitido al juzgado, como el relativo a que ni el Parlamento, que es el que aprueba el presupuesto, ni la administración, que es la que realiza las bonificaciones, "pueden prever que el presupuesto aprobado o el modificado vaya a ser ejecutado a través de la realización de gastos presuntamente ilícitos, entre otras cosas, porque la competencia para la aprobación y modificación de los presupuestos está residenciada en órganos distintos a lo competente para ello".

"Ni el Parlamento ni el Consejo de Gobierno al aprobar el presupuesto o sus modificaciones pueden prever de ninguna manera que las partidas iniciales o modificadas puedan ser gastadas con fines presuntamente no lícitos, empleando procedimientos de gasto lícitos pero no previstos presuntamente para la finalidad concreta", según se recoge en la documentación leída por Moreno, donde también se añade que eso podría llevar a "la absurda situación de considerar participantes en la perpetración del delito a todo el Parlamento de Andalucía, que aprueba y conoce un presupuesto con detalle de lo que es la 31L y a qué se dirige esa partida".

"Por la regla de tres que el PP intenta implicar al presidente de la Junta, se podría implicar al conjunto del Parlamento, incluida la oposición, que jamás denunció que hubiera créditos o presupuestos en la partida 31L", ha expuesto también la consejera.

Recurso de aclaración

La Junta no ha tenido inconveniente en remitir toda esta información al Juzgado en el plazo que se le dio de diez días y pese a que aún no ha recibido una respuesta al recurso de aclaración que planteó tras la solicitud de información por parte la juez. Como se recordará, la Junta planteó ese recurso días atrás para que se le aclarara la información que le solicitaba la juez, a la que la representación procesal del PP-A le había planteado, "mezclando términos técnicos para generar confusión", que demandara a la administración las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno a fin de dotar de tesorería a la agencia IDEA "para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas".

Para la Junta, todo lo que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias constituye la tercera "trampa procesal" del PP-A para intentar "vincular" a Griñán, desde su etapa como consejero de Economía y Hacienda, con el "fraude de los ERE" y después de dos "trampas procesales" anteriores con las que no ha logrado su objetivo. La primera de esas "trampas", según Moreno, perseguía vincular a Griñán con el "fraude" a través del asunto de unos informes de Intervención que manifestaban objeciones a los procedimientos y la segunda de la "trampas", a través de las autorizaciones de endeudamiento de la agencia IDEA, "confundiendo el endeudamiento" de la misma con el endeudamiento de empresas.

Con ninguna de esas "trampas procesales", según ha recalcado Moreno, el PP-A ha logrado su objetivo de tratar de "vincular" al presidente de la Junta con el fraude de los ERE. "Hemos desenmascarado ya por tres veces las trampas procesales del PP, que busca vincular al presidente de la Junta con el fraude de los ERE con fines exclusivamente electorales".

Ha insistido en que todo lo que está haciendo el PP son "trampas procesales simplemente para dilatar y para intentar vincular al presidente de la Junta en este caso" y ha recalcado que esta táctica procesal del Partido Popular está consiguiendo "dilatar en el tiempo la resolución del caso y enredar el procedimiento, haciéndole el juego a los verdaderos culpables, que después de muchos meses de instrucción todavía no han sido sentados en el banquillo".

En opinión de Mar Moreno, buena parte de la dilación de este procedimiento es responsabilidad del PP como parte procesal que está "enredando una y otra vez, con trampas procesales, con clara finalidad política, la buena sustanciación de este caso".

Según Moreno, el PP está usando la causa contra el Gobierno y no contra los culpables, mientras que la Junta ha demostrado en cada ocasión que los populares "hace trampas con sus iniciativas procesales y está inundado el juzgado con miles de folios absolutamente inútiles que nada tienen que ver con la causa principal", que es la dirigida a descubrir y castigar a los responsables materiales y a los beneficiarios del fraude.