El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, ha anunciado que tras la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, su cartera conseguirá un ahorro en 2012 de 92,7 millones de euros, que sumados a los 32 de 2011 suponen un total de 124,7.

Así lo ha explicado Labrador durante su comparecencia en las Cortes, donde ha recalcado que la deuda que mantiene Presidencia y Administraciones Públicas es de 57 millones de euros.

Labrador ha detallado que el ahorro de 32 millones conseguido hasta ahora ha sido gracias a la reducción de altos cargos —suprimiendo 54 puestos de confianza de los 134 existentes y ahorrando un total de 24,6 millones de euros— y con la supresión del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social (CES), supresiones que provocarán un ahorro de 32,8 millones a finales del próximo año.

Mejor administración

Como otra de las medidas que fomentarán el ahorro, Labrador ha subrayado que gracias a la implementación de la administración electrónica en los trámites administrativos se logrará prestar los servicios "de forma más eficaz" y se conseguirá "un considerable ahorro en gasto corriente".

El consejero ha explicado que dentro de las novedades en la gestión administrativa, la Administración tendrá un máximo de seis meses para contestar las solicitudes de los ciudadanos, y si algún trámite no es contestado en ese plazo "se podrá entender que ha sido otorgado lo solicitado".

Además, la cantidad de los documentos necesarios "se verá reducida" y se pretende "que solo haya que presentarla una vez", y la Administración solicitará a otras entidades los papeles necesarios de tal forma que no deberá ser presentado por los ciudadanos "evitando así el 'vuelva usted mañana'".

Para la tramitación de creación de nuevas empresas, está previsto según Labrador que a partir del 31 de diciembre de 2012 los ciudadanos puedan empezar el procedimiento desde el domicilio, algo que ha calificado como "un gran avance".

En esta línea, la documentación requerida también podrá sustituirse por una declaración de responsabilidad del solicitante, salvo en el caso de aquellos negocios con requisitos expresos para su apertura.

El consejero ha destacado otra de las medidas a este respecto implantada por el Gobierno de Cospedal ha sido la apertura de edificios públicos más allá de las 17.00 horas, medida instaurada por el Gobierno socialista de José María Barreda "que no llevaba estudio de coste ni de efectividad".

Otras medidas

Como otras medidas llevadas a cabo por parte de la Consejería, Labrador ha destacado la disminución de liberados sindicales, que han supuesto un ahorro de 19 millones de euros, y a los que se les ha comunicado ya la obligatoriedad de volver a sus puestos de trabajo.

La centraliación de sistemas de contratación dentro de la Consejería también permitirá "grandes márgenes de ahorro" a través de la agrupación de los contratos, labor "muy complicada por el gran número de contratos" que existen.

Así, con una planificación de estos contratos en materia de limpieza, vigilancia y mantenimiento de los edificios, se producirá un ahorro que el consejero ha ejemplificado con los 71.000 euros menos que se gastarán en la limpieza de los edificios del Colegio de Doncellas y el Palacio de Fuensalida.

Ajustar los recursos humanos "a las necesidades reales" serán otras de las medidas que se tomarán desde la Consejería, optimizando los recursos "al máximo".

"la estafa de cospedal"

Por su parte, el diputado regional socialista Luis Santiago Tierraseca ha calificado de "estafa" el Plan de Garantías de Cospedal, quien dijo "que daría empleo y no recortaría servicios sociales y seis meses después está haciendo lo contrario".

Según el socialista, la prioridad era "crear empleo y seis meses después hay 20.000 parados más", al tiempo que ha criticado que desde el Gobierno "se está hundiendo la economía regional", con el agravante de que "no pagan a farmacéuticos, ni dependientes, ni a ayuntamientos".

A su juicio, el PP desde el Gobierno "se ha inventado la excusa de la crisis y del despilfarro socialista para justificar lo injustificable", que son "unos recortes brutales".

"Tengan en cuenta que el 60 por ciento de las empresas de la región tienen relación con las instituciones y dependen de ellas", ha agregado. "Si se sigue por este camino de recortes, es posible que Castilla-La Mancha esté en la UVI", ha advertido.