La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ha vuelto a demandar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades detectadas en las ayudas al empleo para personas con discapacidad concedidas por la Administración andaluza, después de que la Guardia Civil ha detenido en Elche (Alicante) y Sevilla a nueve personas como presuntos responsables de defraudar 480.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados.

En rueda de prensa, Soto ha indicado que lo sucedido demuestra que el Gobierno andaluz "carece de rigor, procedimiento administrativo, moralidad y sensibilidad respecto a las personas con discapacidad". En su opinión el Gobierno de José Antonio Griñán se ha puesto "de perfil" y ha permitido "todos los fraudes que se están conociendo" y entre los que, según ha indicado, se encuentra el que afecta a las personas con discapacidad.

Al hilo de ello, la dirigente 'popular' ha señalado que este "escándalo" tiene "antecedentes", haciendo así alusión a lo ocurrido este verano con los centros especiales de empleo en la provincia de Jaén, "siendo entonces llamativo que la sede fiscal de la empresa implicada fuera la misma que la de la Delegación de Empleo en Jaén".

Pregunta a junta "cuántos fraudes más se van a conocer"

"Ya exigimos entonces al Gobierno andaluz que explicara la forma de control y fiscalización para acceder a esas ayudas y solicitamos la creación de una comisión de investigación en el Parlamento", ha recordado Soto, quien ha considerado que si hubiera sido aceptada "hoy podríamos conocer el fraude que ha habido en torno a las personas con discapacidad y los centros especiales de empleo".

Junto a ello, Rosario Soto ha destacado que cada vez que se conoce un fraude en torno a la Administración andaluza, "la Junta saca pecho diciendo que ya lo habían denunciado". Por este motivo, ha dicho que a su formación le gustaría que antes de la celebración de las próximas autonómicas el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "dijera cuántas denuncias hay y cuántas más vamos a conocer que afecten a las distintas consejerías y delegaciones provinciales".

Finalmente, la portavoz 'popular' ha querido dejar claro que no fue la Junta de Andalucía quien primero denunció a la Justicia las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y en el Plan Bahía Competitiva, sino el PP-A.