El pleno del Parlament aprobará esta semana la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2012 -los cuales ascienden a un total de 3.674.902.332 euros-, después de debatir durante los próximos martes y miércoles el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos referente a este asunto.

Debido a la mayoría parlamentaria del Grupo Popular en la Cámara balear, que cuenta con 35 diputados frente a los 22 de los grupos de la oposición -PSIB y PSM-IV-ExM-, el proyecto de Ley podrá pasar el último trámite parlamentario para dar luz verde así a los Presupuestos y contar a partir del próximo año con unas nuevas cuentas.

La pasada semana la Comisión de Hacienda y Presupuestos aprobó, con los votos del PP, el Dictamen del Proyecto de Ley de Presupuestos 2012, en cuya tramitación se rechazaron, con los votos de los 'populares', las 302 enmiendas parciales presentadas por el PSIB y las 219 del PSM-IV-ExM.

Por su parte, durante la tramitación en Ponencia de las cuentas públicas, se incorporaron al informe las 22 enmiendas presentadas por el Grupo Popular.

Cabe recordar también que, precisamente el mismo día en que se aprobó el Dictamen del proyecto de Ley, el Grupo Socialista dijo que las cuentas presentadas "no eran legales", puesto que superan en un 2,85% -en 77,25 millones de euros- el límite que, según la legislación, se puede destinar a pagar intereses y amortizaciones basándose en los ingresos previstos. Por ello, el partido reclamó dos informes jurídicos -a la Sindicatura de Cuentas y al Parlament- para que corregir esta situación.

No obstante, desde el Govern negaron este extremo y explicaron que estas divergencias respondían a "un debate técnico" puesto que cuando se comprometieron los intereses y amortizaciones se aseguró que se devolverían con los límites marcados por la ley, si bien el Ejecutivo tiene la obligación de devolverlos a un precio distinto por el aumento de los intereses.

Presupuesto global de 3.675 MILLONES

Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, el Consell de Govern aprobó los presupuestos de la Comunidad para 2012, que aumentan un 8,5 por ciento respecto a las cuentas prorrogadas de 2010, hasta alcanzar los 3.675 millones de euros, frente a los 3.384 millones de 2010, si bien aunque se incrementa el montante global se reduce la inversión y las subvenciones, debido a que aumentan las partidas dirigidas a pagar la deuda pública.

Concretamente, el presupuesto global de todas las Consellerias asciende a 2.619 millones de euros, de los cuales alrededor del 80 por ciento irá destinado a los departamentos de Salud, Educación y Servicios Sociales.

En esta línea, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades contará con 767 millones de euros (el 29,30 por ciento del global de todas las Consellerias), mientras que el departamento de Salud, Familia y Bienestar Social dispondrá de 1.302 millones (el 49,74 por ciento).

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio tendrá 231 millones (8,83 por ciento); Administraciones Públicas 106 millones (4,06 por ciento); Presidencia 81 millones (3,10 por ciento); Vicepresidencia, Políticas de Empleo y Ocupación 67 millones (2,56 por ciento); y Turismo y Deportes 63 millones (2,42 por ciento).

Por otro lado, el gasto financiero derivado del pago de las amortizaciones de la deuda del próximo año aumenta un 714 por ciento, pasando de 69,2 millones de euros en 2010 a 567,1 en 2012, de forma que uno de cada cinco euros del presupuesto de la comunidad irá destinado a pagar a las entidades financieras, es decir, el 21,2 por ciento del presupuesto.

Asimismo, es destacable que la partida destinada a pagar los intereses contraídos aumenta un 101 por ciento, de modo que el próximo año este capítulo será de 212,4 millones de euros frente a los 105,5 millones de 2010.

Decreto ley de medidas tributarias urgentes

Por otra parte, el jueves tendrá lugar el tercer pleno parlamentario de la semana en el que se votará la validación del Decreto ley de medidas tributarias urgentes, el cual tiene como finalidad incentivar la economía.

Dicho decreto ley prevé una bonificación del cien por cien en el pago del Impuesto de Patrimonio, con lo que la comunidad renunciará a ingresar alrededor de 23 millones de euros por este concepto.

El decreto se divide en dos capítulos, el primero de los cuales está dedicado a los tributos cedidos y el segundo a los propios.

Así, en cuanto a las medidas relativas a la Ley del Emprendedor -dirigidas a microempresas y que generen al menos un puesto de trabajo- el decreto fija una deducción de 600 euros al año durante tres años en la cuota sobre el IRPF a los contribuyentes que ejerzan una actividad económica de forma personal, habitual y directa; así como una deducción del 20 por ciento hasta 600 euros de las cuantías invertidas durante la adquisición de acciones o de participaciones sociales como consecuencia.

Por otra parte, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplica una reducción del 50 por ciento del tipo impositivo en las donaciones de padres a hijos o a otros descendientes hasta tercer grado que se destinen a la creación de una empresa mediante la adquisición originaria de acciones o participaciones.

En relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas se prevé una bajada del 50 del tipo impositivo -que pasará del 7 al 3,5 por ciento- en las transmisiones de inmuebles en las que quien lo adquiera sea una sociedad mercantil o una empresa de nueva creación y el local vaya a ser la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de la sociedad o empresa.

También se aplicará una reducción del 50 pro ciento sobre el tipo impositivo del Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados en las escrituras notariales que documenten la constitución de préstamos y créditos hipotecarios para financiar la adquisición de inmuebles que tengan que constituir el domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedad o empresas de nueva creación.

Medidas técnicas

Por otra parte, se han acordado diferentes medidas técnicas, además de la del Impuesto sobre el patrimonio, donde se aplicará una deducción por inversión en vivienda habitual. De esta manera, con carácter general se aplicará un porcentaje del 7,5 por ciento, y, cuando se trate de obras de adecuación de la vivienda habitual para personas con discapacidad será del 10 por ciento.

En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se aplicará un gravamen súper reducido -pasará del 1 por ciento al 1 por mil- en las escrituras notariales que documenten la constitución de hipotecas unilaterales a favor de la administración en garantía de aplazamientos o fraccionamiento de deudas.

Por otro lado, se actualiza la tasa fiscal sobre los juegos de azar para recoger los nuevos hechos imposibles del futuro decreto del juego, que se encuentra en tramitación. Además, se prevén beneficios fiscales a los empresarios que mantengan la actividad y se mantiene la exención del pago de la tasa a las entidades sin ánimo de lucro que organicen actos como rifas, tómbolas o apuestas cuando el premio no supere los 2.000 euros o el importe total de la venta de los billetes no sea de más de 15.000 euros.

Finalmente, se introducen diferentes medidas recaudatorias para mejorar la capacidad recaudatoria y le gestión en el canon de saneamiento de aguas, como la obligatoriedad de ingresar el cien por cien del canon transferido, la supresión de los premios de recaudación o la introducción de una regulación más detallada de la incidencia de los saldos de cobro dudoso.