Según recoge el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados A.A.G. y una mujer conocida como 'Diana', arrendaron entre enero y abril de 2011 la parte baja de una finca donde tenían su residencia en Rota, en cuyo local establecieron una casa de citas para el que contrataron a una mujer nacida en la República Dominicana, así como a dos colombianas.

Tras contratar de forma verbal a la primera de ellas, comenzó a ejercer la prostitución en el ático donde los acusados tenían su residencia habitual, hasta que arrendaron el otro local ante la perspectiva de contratar a más chicas, que llegaron un mes después. Así, al ser la única que en principio se encontraba en el lugar para ejercer la prostitución, la mujer debía estar disponible "en todo momento", llegando incluso a realizar hasta ocho servicios en un día y estando en una ocasión hasta dos días seguidos con un solo cliente.

Además, si no cumplía las directrices, la acusada se enfadaba diciendo "que perdía clientes". También se enfadaba con ella cuando permanecía más tiempo del debido en la calle, amenazándola con que se lo contaría a su marido, el otro acusado.

Tras llegar las otras dos perjudicadas a la casa para ejercer la prostitución, debían estar disponibles las 24 horas del día y entregarles a cambio el 50 por ciento de los beneficios obtenidos, porque si no la acusada las echaba de casa y éstas hacían todo lo posible para no quedarse sin trabajo.

Asimismo, las obligaban a realizar prácticas sexuales determinadas y no queridas, aunque accedían porque se las presionaban con echarlas a la calle, llegando incluso a agredirlas.

Los acusados, que controlaban los servicios prestados por cada una de ellas anotándolo en cuadernos, ejercían un "férreo control" sobre las chicas, llegando incluso a encerrarlas con llave en la casa alguna vez. Además, éstos no sólo permitían que los clientes consumieran sustancias estupefacientes, sino que también las suministraban (cocaína y hachís), y las obligaban a que consumieran con los clientes, para que así permanecieran más tiempo en la casa.

Por ello, la Fiscalía solicita por los tres delitos de explotación sexual, por cada uno de ellos, la pena de dos años y nueve meses de prisión; por los tres delitos de detención ilegal dos años y tres meses de prisión; y por último, por el delito contra la salud pública, la pena de siete años de cárcel.