Jueces para la Democracia ha pedido que los "recortes" presupuestarios previstos por los distintos Ejecutivos no se proyecten, entre otros, sobre los recursos asistenciales diseñados para las víctimas de la violencia de género, "con la finalidad de paliar algunos de los efectos de este grave problema social y de ofrecer a las perjudicadas una reparación parcial a la vulneración de sus derechos".

De este modo se ha pronunciado en nota de prensa esta organización, que "en relación con el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de no prorrogar los convenios con las casas de acogida y los centros de orientación a la mujer.

"Consideramos que una correcta aplicación de la Ley Integral contra este tipo de violencia es inviable sin el soporte de los medios preventivos, asistenciales y de atención posterior a quienes sido objeto de estos hechos, ya que de lo contrario la citada ley carecerá de toda utilidad, no siendo efectiva ni si quiera la respuesta punitiva en ella contemplada", han defendido.

Así las cosas, Jueces para la Democracia ha recordado que la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados recomendó, en el balance efectuado sobre la aplicación de la Ley Integral, el incremento de la financiación de los recursos sociales destinados a la atención de estas victimas, "recomendación que no puede ser ignorada por los responsables públicos".

"El hecho de haber ofrecido determinadas ayudas a las víctimas de estos delitos para reducirlas o suprimirlas posteriormente debilita la situación de las víctimas sin recursos y, con ello, dificulta la denuncia e investigación de los delitos, haciendo inefectivos sus derechos", han insistido.

"Desde JpD queremos recordar, una vez más, que la situación de crisis económica no puede servir de pretexto para dejar de prestar cobertura a los sectores más débiles de nuestra sociedad. El Estado Social no es una mera fórmula de cortesía, sino un imperativo constitucional y, por ese motivo, una precondición de nuestra Democracia", han concluido.