La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comunicar este lunes la sentencia del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella al letrado José María del Nido, según han informado distintas fuentes del caso.

Así, han señalado que el pasado viernes, la Sala en la que se celebró el juicio comenzó a citar a las partes personadas en la causa para avisarles de la notificación de la resolución este lunes. La vista oral comenzó el 6 de abril de 2010 y terminó el 24 de junio de este año.

La Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella origen del caso tras analizar informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio, acusa a 16 personas, entre ellos Del Nido, el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor Juan Antonio Roca, de delitos como prevaricación, malversación, delitos societarios o fraude. El Ayuntamiento marbellí ejerce como acusación particular.

El fiscal modificó su escrito inicial para Del Nido solicitando una pena de 30 años de cárcel, frente a los 13 años y medio iniciales. Le acusó de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito societario, falsedad documental y deslealtad profesional —por el que solicita cuatro años de inhabilitación para ejercicio de abogado—; todos ellos continuados; así como fraude y tráfico de influencias.

Respecto a Muñoz, el fiscal también modificó sus conclusiones iniciales y elevó la petición de cárcel de 16 años y medio a 28 años de prisión, con una inhabilitación especial para cargo público de 18 años, al margen de la inhabilitación absoluta y la suspensión de empleo. Así, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y delito societario, todos con carácter continuado; de fraude y de prevaricación de órgano colegiado.

Asimismo, la acusación pública eliminó el delito de asociación ilícita, que afectaba a Del Nido, a Muñoz y a otros acusados, y el de malversación de bienes inmuebles; aunque se introdujo uno nuevo de fraude, que afecta a ambos y a la letrada y exmujer del presidente del Sevilla, Ángeles Carrasco, y de tráfico de influencias, sólo para el letrado, en relación con la segregación del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.

El ministerio fiscal sostuvo durante todo el proceso que la contratación de los servicios profesionales del letrado para este proceso de fiscalización se realizó "sin" el preceptivo expediente y se le adjudicaron los servicios y el ejercicio de las acciones concretas "mediante decretos inmotivados", considerando que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999".

Del Nido, por su parte, siempre defendió su trabajo y aseguró que recibió órdenes de impugnar la fiscalización, pero no tuvo misión de retrasar la tarea ni obstaculizar la labor, negando que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía. Dijo que su actuación era "necesaria" y fue "efectiva". Asimismo, en su derecho a la última palabra dijo que entendía que se le había aplicado el derecho penal de autor.