La Federación de Servicios Públicos de UGT de Guadalajara ha alertado de que el Gobierno de María Dolores de Cospedal pretende poner fin a los convenios de colaboración suscritos por el Instituto de la Mujer con los Centros de la Mujer/Casa de Acogida y Centros de Urgencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Genero, lo que supondría una posible "privatización" de estos centros.

Tras criticar la forma "improvisada" de actuar del Gobierno, FSP-UGT ha condenado en nota de prensa que el Gobierno regional tampoco ha explicado si estos servicios continuarán, ni como lo harán.

Esta situación, han indicado, crea entre los usuarios una "incertidumbre y una angustia inadmisible, desconociéndose cuál será el futuro de todos estos servicios a partir del día 1 de enero".

Si bien desde la Junta aseguran que el servicio va a continuar bajo un nuevo instrumento jurídico, "desde UGT consideramos que no podrá ser igual.

"Nos tememos que lo que se pretenda hacer es privatizar el servicio, un servicio que actualmente se estaba prestando a través de los ayuntamientos de la provincia, y también nos tememos que se trate de un juego político tanto del PP como del PSOE", han indicado.

Así han denunciado que mientras a los ayuntamientos del PP les ha llegado una carta advirtiéndoles de esta decisión, en el caso de los de gobierno socialista, como Azuqueca, Alovera, Mondéjar, Cifuentes o Molina, "se ha procedido automáticamente a comunicar a los trabajadores de estos centros la rescisión de sus contratos.

"Se está produciendo un juego político en el que los ayuntamientos de signo socialista están utilizando a los trabajadores como arma arrojadiza contra la Junta para que se muevan y obtengan información, un información a la que tiene derecho pero, sin embargo, desde el Gobierno regional no se definen ni dicen que van a hacer", han advertido desde UGT.

Es por ello que FSP-UGT ha pedido "palabras claras" y que "cuánto antes" de la presidenta regional explique qué va a pasar con estos servicios y cómo va a afectar a sus usuarios.