El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, acusado en el caso 'Troya', sobre la presunta corrupción urbanística en dicha localidad, ha asegurado que tanto él como el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, también procesado, "somos plenamente inocentes" y que "todo el daño que se ha hecho a nuestro pueblo, a muchísimas personas, a nuestras familias, a nuestros hijos y a todo nuestro entorno sólo podrá ser reparado con una sentencia absolutoria". "En eso confiamos", ha apostillado.

Martín Serón, único acusado junto a Guerra en esta causa, tras haberse retirado la acusación respecto de los 18 procesados restantes, ha realizado estas manifestaciones en el ejercido del derecho a la última palabra en la sesión de este viernes, en la que ambos han estado arropados por otros procesados en la causa y los letrados defensores de éstos. El juicio ha quedado visto para sentencia.

"Han sido cinco años de una presunción de culpabilidad totalmente forzada y espero que prospere todo lo contrario, creo en la presunción de inocencia. Aquí no se ha demostrado nada, se nos ha dicho que se nos acusa de una trama de corrupción, pero todavía no sabemos por qué se nos acusa de eso", ha señalado el alcalde de Alhaurín el Grande, quien ha destacado que "hemos estado al servicio de los ciudadanos las 24 horas los 365 días del año y lo que hemos hecho ha sido trabajar por el pueblo".

Martín Serón ha admitido que Guerra y él "nos hemos planteado muchas veces irnos y dimitir", pero se ha mostrado convencido de que "por encima de todas las cuestiones personales y de todo lo que hemos sufrido, teníamos que defender la presunción de inocencia". "Eso ha sido muy importante para esta causa, el mantenernos firmes aquí defendiendo nuestra inocencia", ha dicho, al tiempo que ha ido rebatiendo los indicios apuntados por el fiscal para mantener su acusación contra él.

Ha defendido la "gran" gestión realizada en el municipio que, a su entender, "se ve empañada por estos cinco años de sufrimiento, estos cinco años de pena de banquillo", y ha apuntado que aunque "se nos acusa de haber organizado una trama de corrupción, nada más lejos de la realidad", asegurando que en estos años ha habido patrocinios y donaciones por parte de empresas, "colaboraciones para el bien público, nunca jamás para nuestro beneficio personal".

Ha lamentado que se haya cuestionado su conducta patrimonial "por ahorrar legalmente" y ha destacado que no se les ha investigado por parte de Hacienda "porque no han podido ver otra cosa que contribuyentes ejemplares y cuentas absolutamente transparentes". Ha dicho que "no se debe criminalizar por tener dinero en efectivo" y ha justificado, igualmente, distintas cantidades intervenidas en la operación.

Ha afirmado que "es muy difícil gobernar" y que están "muy preocupados por la disciplina urbanística, porque estamos luchando desde los ayuntamientos contra la indisciplina", por lo que ha considerado que "no se puede sacar una frase de contexto en una escucha para decir que hacemos prácticas poco ortodoxas". ACUSACIÓN

La Fiscalía acusa a Martín Serón por 13 delitos de cohecho, solicitando multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de cárcel, y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses, frente a los cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación pedidos inicialmente, al haberse modificado la acusación. A Guerra lo acusa de los mismos delitos y solicita la misma pena.

El fiscal ha sostenido en su informe final que aunque inicialmente se consideraba que el regidor sólo habría consentido la presunta corrupción urbanística, con un papel "omisivo"; tras el juicio, entiende probado que éste era el que "determinaba la comisión de los hechos delictivos" y el que "ordenaba y mandaba que se hicieran las cosas en un sentido o en otro", apuntando que se exigía dinero por "realizar un acto que es propio del cargo", al admitir que las licencias que se dieron y fueron investigadas "podían ser concedidas".

De hecho, en el escrito de acusación definitivo del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que "al frente de dicha trama se encontraban los acusados Juan Martín Serón, como alcalde, y Gregorio Guerra", quien se encargaba de las negociaciones, pero "siempre bajo la supervisión y dirección del alcalde", considerando que era éste "quien finalmente tomaba las decisiones".

El representante de la acusación ha precisado que de la prueba practicada se extrae que "no hablamos de regalos, porque no es algo que voluntariamente se entregue", sino que "es un precio tasado y establecido". Ha indicado que los acusados no han justificado cantidades de dinero "altas", aludido a la capacidad de ahorro de ambos que "excede con mucho de lo que se puede considerar una economía normal" y señalado que es "extraño" los "escasos gastos", salvo que "exista una fuente de financiación externa".

Ha explicado que "parece que se ha utilizado" al arquitecto municipal, quien a través de sus informe en ocasiones establecía que no era posible dar la licencia de construcción, "aunque sinceramente no llego al convencimiento de que lo haya sido de manera consciente para realizar el delito o simplemente aprovechando la interpretación que esta persona realizaba de la aplicación de la norma o los estudios detalle".

Asimismo, ha hecho referencia al "contexto" en el que se inició esta investigación, en una provincia "especialmente castigada por el tema de la corrupción". Al respecto se ha manifestado Martín Serón, para quien este contexto "es lo único que ahora me justifica por qué han actuado de esta forma contra nosotros". "Lo que ocurría, la Policía encontrarse dinero, cuadros, caballos y este tipo de cosas que a mi me irritan, me indignan y siempre he luchado contra la corrupción política", ha apuntado. DEFENSAS

Las defensas de los dos acusados han pedido la absolución y han coincidido en alegar indefensión, al cambiar el tipo delictivo por el que se acusa a ambos. En el caso del abogado de Martín Serón, éste ha indicado que la "indefensión" inicial ya denunciada al inicio del juicio "ha provocado que se continúe en esa misma situación", apuntando que existen "elementos de confusión".

El letrado ha señalado que la imputación no se basa en pruebas directas sino "en un conjunto de indicios que en su momento llevaron a que se incoara el procedimiento", apuntando que "después de un plenario no se nos puede seguir manteniendo que aquellos indicios justificadores del inicio del caso y en su caso de la imputación sean los mismos que sirven para mantenerla".

El abogado del concejal ha asegurado, igualmente, que aún no se han concretado los hechos y ha mostrado dudas de por qué "cualquier ciudadano puede pagar por conseguir una cosa lícita". Así, ha aludido a la vulneración del principio acusatorio, al indicar que el fiscal añade circunstancias como que se exigía dinero para obtener licencias para evitar obstáculos o retrasos cuando son circunstancias que no se han abordado.