IU ha presentado este viernes ante la Fiscalía de Málaga documentación relativa a la Fundación Medioambiental de Canteras del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre por presuntas irregularidades y un posible desvío de fondos públicos a este organismo, que, según el coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, el equipo de gobierno del PP en este Ayuntamiento "quiere convertir ahora en privado".

Según se desprende de esta documentación, el proceso seguido desde la creación de la fundación "está plagado de irregularidades", ha apuntado a los periodistas Castro, quien ha explicado que la primera de ellas es que existen dos actas de certificación de pleno de la constitución de la fundación con un año de diferencia, haciéndose la segunda tras las advertencias del Protectorado de Fundaciones.

En el año 2007 se certificó la constitución de la fundación y "comenzó a producirse un gasto superior al estipulado", ha señalado el también parlamentario andaluz de IU. El Protectorado de Fundaciones advirtió de que la ley impedía eso, por lo que hubo que convocar un nuevo pleno en 2008 con una segunda acta de fundación.

Según el Protectorado, durante el proceso de creación de una fundación, que puede durar hasta un año, no se puede gastar más dinero que el derivado de ese proceso, mientras que "en Alhaurín de la Torre eso no fue así".

Izquierda Unida entiende que esta fundación es "una huida hacia adelante por todas las irregularidades que se produjeron con las canteras de Alhaurín de la Torre". "El acuerdo marco que permitió su creación era una escapada para no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba ilegales y clandestinas a cuatro canteras", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, según Castro, aporta anualmente a esta fundación 300.000 euros, mientras que los canteros entregan 900.000 euros, aunque ya algunas empresas "no están dando el dinero y otros han anunciado que no seguirán pagando". Además, ha añadido, el Consistorio ha permitido que los canteros no paguen a las arcas municipales las tasas que les correspondían.

El responsable provincial de la coalición, que ha estado acompañado por la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Brenea Chavez, ha explicado que esta formación acudió a la Fiscalía con este asunto al igual que hizo el PSOE. El fiscal unificó ambas denuncias y, posteriormente, se archivó, aunque recomendó a IU que volviera a entregar de nuevo la documentación para iniciar otro proceso.

Paralelamente, la coalición acudió al Tribunal de Cuentas y al Patronato de Fundaciones, que se interesaron por el asunto. De hecho, el primero de ellos ya ha nombrado instructor del caso y el Patronato está enviando documentación de este proceso a la coalición.

Iu vuelve a la fiscalía

Izquierda Unida entiende que el Ayuntamiento "está haciendo dejación de sus funciones", ya que "ha dejado en manos de esta Fundación las subvenciones a colectivos vecinales, asociaciones deportivas, culturales, etcétera".

"Al pasar de manos municipales a la Fundación, se ha perdido la garantía de la convocatoria pública, puesto que ahora se dan discrecionalmente y dejan de ser fiscalizadas por la Intervención municipal", ha apuntado Castro, especificando que, de hecho, "algunos de esos colectivos no han aceptado el nuevo sistema y se han quedado sin las preceptivas ayudas, como es el caso de Cáritas, Solidaridad Directa o Torrijos 1831, entre otros".

Los colectivos afectados junto a Izquierda Unida solicitaron al Ayuntamiento que permitiera dos vías para solicitar las ayudas, "pero el equipo de gobierno del PP se ha opuesto a ello". "Ahora el Ayuntamiento pretende privatizar la Fundación, a pesar de que no es posible enajenar fondos públicos, como le ha hecho saber los organismos que investigan estos hechos", han destacado los representantes de IU.

Además de la judicial, la coalición de izquierdas utilizará otras vías y el diputado de la coalición por Málaga, Alberto Garzón, solicitará una reunión con el instructor del Tribunal de Cuentas que lleva el caso, mientras que Castro pedirá a la Cámara de Cuentas que fiscalice las aportaciones públicas de la Fundación desde 2007.