Se trata de Alberto López Iborra, al que el fiscal Luis Barroso acusó de pertenecer a la estructura orgánica de EKIN, aparato político de la banda terrorista ETA, y de Aritz Azkona Domínguez, Luis Goñi Lara y Maider Caminos Miranda, a los que imputó como responsables de la rama juvenil SEGI.

La puesta en libertad, adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se produce sin que se haya notificado la sentencia, por lo que los cuatro serán absueltos por el tribunal en una inminente resolución judicial o bien han cumplido ya en prisión provisional la mitad de la pena que se les va a imponer.

Además de los cuatro acusados que saldrán en libertad en las próximas horas se sentaron en el banquillo de los acusados Javier Sagardoy Lana, Mikel Jiménez Martín, Maitane Intxaurraga Uribarri, Amaia Legarra Beunza y Noe López Albizu, que también fueron acusados de pertenencia a banda armada.

Declaraciones y efectos incautados

En su informe de acusación definitivo, el representante del Ministerio Público defendió como principales pruebas contra los procesados las declaraciones inculpatorias que realizaron López Iborra, Intxaurraga y Caminos tras ser arrestados por la Guardia Civil, que explicaron las actividades que desarrollaba el 'talde' y las personas que formaban parte de él.

A estas manifestaciones unió el material hallado en los registros que se realizaron en una bajera y en un escondite situado tras la iglesia de la localidad navarra, así como en los domicilios de los procesados. Entre los efectos incautados se encontraban guantes de látex, botellas para la fabricación de artefactos explosivos y documentación relacionada con SEGI, la historia de ETA o los presos etarras.

Del mismo modo, Barroso advirtió a los magistrados de que si no acreditaban la validez de las pruebas que obran en esta causa, se pondrían en peligro otros procedimientos, entre ellos el que instruye el juez Fernando Grande-Marlaska por la recomposición de la cúpula de EKIN.

En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 21 de noviembre, López Iborra tomó la palabra en su nombre y en el de los otros ocho acusados para pedir a los "estamentos competentes del Estado" que reconocieran "el uso de la tortura y de sus consecuencias en determinadas operaciones policiales" para lograr "una verdadera normalización".