El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una iniciativa que pedía resolver el protocolo de colaboración suscrito hace cuatro años por la promotora del complejo de ocio y juego Gran Scala, International Leisure Development (ILD), y el Gobierno aragonés, así como la derogación de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite el desarrollo de ese proyecto.

La proposición no de ley, presentada por CHA, solo ha sido apoyada por ese grupo e IU, sumando siete votos, mientras que la han rechazado PP, PSOE y PAR, con 53 votos. En ella, se pedía al Ejecutivo aragonés resolver inmediatamente el protocolo de colaboración para la ubicación Gran Scala en Aragón y remitir a la Cámara, a la mayor brevedad, un proyecto de Ley de derogación de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón, aprobada en 2009.

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha opinado que la votación implica que el compromiso de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el debate de investidura "de no poner dinero público" en este proyecto "tiene poco valor", además de que demuestra que "el actual Gobierno sigue apoyando Gran Scala".

A su entender, debería haber un "gesto activo de separación del proyecto", en vez de "ir dejando pasar el tiempo", para que "salga por la puerta de atrás" y "sin que nadie asuma ninguna responsabilidad", cuatro años después de que se presentara con "grandes frases y cifras", y cuando "todos tenemos claro que jamás se va a hacer aquella barbaridad".

El parlamentario ha argumentado que su propuesta era "de higiene política" y pretendía "limpiar los restos de aquella aventura" puesto que en el protocolo de colaboración el Gobierno "asume compromisos formales" que implican "dinero público" y por eso "no puede seguir en vigor" y también ha defendido "derogar" una ley "que se aprobó con dudas de constitucionalidad", "con apariencia de generalidad, pero que era un traje a la medida de ILD".

Ni un euro

El diputado del PP, Ángel Solana, ha remarcado que se va a cumplir el compromiso de la presidenta Rudi porque el actual Gobierno aragonés "no ha puesto ni un solo euro en este proyecto" y si el proyecto siguiera adelante, "cosa complicada" porque está "en vía muerta y es difícil su desarrollo", el Ejecutivo "sólo haría infraestructuras públicas en beneficio del territorio".

Ha recordado que el PP "siempre apoyó el proyecto, aunque con matizaciones, por sus dimensiones y por la situación económica que se vislumbraba ya", porque era una "apuesta de futuro para el desarrollo económico y social para la provincia de Huesca y con repercusiones en todo Aragón" y "no será el Gobierno de Aragón quien dé un motivo a que se rompa el proyecto".

Respecto a la ley, ha sostenido que "no es exclusiva para un único proyecto", sino que "puede aprovecharse para cualquier proyecto, empresa o iniciativa que pueda beneficiar al desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo, tan necesarios en la actualidad" y ha abogado por que se mantenga como "ventaja competitiva" respecto al resto de Comunidades autónomas para "dejar la puerta abierta a posibles inversiones en el futuro".

El diputado del PSOE, Vicente Larred, ha argumentado que el protocolo de colaboración con ILD es una "mera declaración de intenciones", "que implica compromisos por las dos partes", pero los del Gobierno de Aragón, —"ni más, ni menos que lo que se hace ante cualquier proyecto de interés que venga a Aragón", ha dicho—, "no han tenido que ser cumplidos la mayoría porque la compañía no ha cumplido los suyos".

"No veo necesario resolver en estos momentos ese protocolo, que sólo es un protocolo" y sobre la ley ha indicado que puede "dar cabida a cualquier iniciativa empresarial que se pretenda implantar en Aragón, creando un régimen legal de garantías" por lo que es "una puerta abierta a nuevas inversiones que puedan generar nuevos yacimientos de empleo" y "eliminarla sería una temeridad".

Incumplimiento de la empresa

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha recordado que en febrero de 2012 termina la prórroga para que ILD pague las opciones de compra de los terrenos para el proyecto de Gran Scala, algo que ha estimado no tendrá lugar, y en ese momento la resolución del protocolo será "inmediata" por el incumplimiento de la promotora, por lo que ha observado que no es necesaria esta propuesta de CHA.

Por otra parte, ha rechazado que se haya producido un engaño en este proyecto puesto que ILD ha pagado a los propietarios de los terrenos entre un 12 y 14 por ciento del valor de los mismos y "eso son euros", para defender que el Gobierno apoyó este proyecto porque "pretendía desarrollar el territorio" y "crear empleo y riqueza", y en las zonas beneficiaras "el consenso era total" y por eso "no hay que asumir responsabilidades políticas".

El diputado de IU, Miguel Aso, ha calificado, sin embargo, el proyecto de Gran Scala de "absoluta barbaridad", en el que el Gobierno "asumía la posibilidad de hacer potentes infraestructuras costosa" y que supuso "elaborar leyes a la carta", con un protocolo que sigue "en vigor", que a su entender habría que rescindir, y una empresa que "no ha cumplido", para estimar que "alguien tendría que asumir responsabilidades políticas".