El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, ha anunciado este jueves al Consejo de Gobierno que ha dictado orden para designar a un instructor de los servicios jurídicos de su departamento para que, al amparo de la legislación vigente, se inicien las actuaciones necesarias que lleven a depurar las responsabilidades derivadas del derrumbe del falso techo en el intercambiador de transportes de Santa Cruz de Tenerife, hecho que se produjo el martes, 13 de diciembre.

Los hechos ocurrieron a las 03.42 horas del pasado martes y la Dirección General de Transportes, como titular del inmueble y reforzada por personal del Laboratorio de Obras Públicas, abrió "de inmediato" un expediente de investigación técnica para averiguar los motivos del siniestro, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Así, con la colaboración de Titsa y el Cabildo de Tenerife, como gestores del edificio, los técnicos de la Consejería procedieron a localizar las piezas que presuntamente podrían haber causado el colapso del sistema soporte del falso techo y, como resultado de las primeras investigaciones, se procedió al envío de diversos anclajes partidos a los laboratorios de la Universidad de La Laguna, quienes han considerado que las instalaciones "mejor dotadas para el análisis exhaustivo de los fragmentos son las que se encuentran en la Universidad de Cádiz", destino final de las piezas.

De todos modos, y de forma paralela a la investigación técnica que desarrolla la Dirección General de Transportes, el Gobierno entiende que el desplome de 1.700 metros cuadrados de falso techo implica la "suficiente gravedad" como para empezar a trabajar ya en la vía legal y, como propietario del inmueble y al amparo de la legislación en materia de contratación, ha tomado la decisión de instruir un expediente de responsabilidad ante lo sucedido.

De esta manera, el Gobierno de Canarias pretende, además de esclarecer las causas del incidente, delimitar de "forma clara" el alcance de la responsabilidad de cada una de las partes relacionadas con el intercambiador, desde el propio diseño del edificio y la licitación de la obra hasta el mantenimiento diario, entre otras.

Actualmente, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial trabajan sobre el terreno y esperan la llegada de expertos independientes, con los que está contactando la Dirección General de Transportes, para que se desplacen hasta Tenerife y realicen una inspección del lugar.

Posteriormente, se procederá a la clasificación y catalogación de todos los escombros, así como de su ubicación sobre el suelo, para preservar cualquier indicio que pueda ayudar a esclarecer las causas "exactas" de lo ocurrido.

También se ha realizado un análisis por parte del perito que ha enviado la empresa aseguradora, ya que el inmueble cuenta con una póliza a todo riesgo por daños materiales. Una vez finalizados los análisis en el lugar, la Dirección General de Transportes procederá a la limpieza de los escombros, para que el intercambiador pueda volver a operar con normalidad en el "menor tiempo posible".