El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado "deficiencias" en el nuevo edificio de los juzgados de Torrelavega y ha lamentado las condiciones de los funcionarios.

Según explica en un comunicado, el pasado lunes las organizaciones sindicales se reunieron con el técnico de prevención de riesgos laborales designado para realizar la evaluación inicial en la sede, donde "quedaron al descubierto las deficiencias".

En este sentido, STAJ indica que si bien eran "conscientes" de los "muchos defectos" que tiene el edificio, "cuanto más tiempo pasa, más evidentes se han hecho".

El sindicato señala que aunque no ha transcurrido "ni siquiera un año" desde la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrelavega, —tuvo lugar el día 11 de marzo de 2011 tras una inversión de unos siete millones de euros— "las deficiencias y carencias de este edificio judicial son multitud".

En su opinión, "especialmente lamentable" es la "distribución" de espacios, ya que los funcionarios "se amontonan" en espacios "reducidos" a pesar de que existen "enormes zonas vacías". Asimismo, la señalización es "confusa" y los letreros "casi siempre están mal ubicados".

Por su parte, el mobiliario es "inadecuado", "no cumple la normativa" y es "escaso", denuncia STAJ, para señalar que "ha habido que aprovechar, en los pasillos, las repisas de los ventanales para almacenar los montones de expedientes, aumentando así esa sensación de desorden que destilan los lugares de trabajo de nuestros compañeros en Torrrelavega, los cuales consideran que este edificio reúne peores condiciones que el antiguo".

"Todas estas contingencias, que deberían haber sido previstas por los responsables políticos, son muy reveladoras de las maneras con las que se funciona en la Administración de Justicia en nuestra región", manifiesta el sindicato, para lamentar el hecho de que "se malgastan importantes sumas en partidas e infraestructuras que no cumplen su cometido, y luego se pretende que el pagano sea el funcionario de Justicia de Cantabria".

En este sentido, critica que el funcionario de justicia "ha sufrido los recortes con mayor intensidad" que otros empleados públicos, ya que "a la caída del 5% de las retribuciones se le añadieron recortes en las ayudas de Acción Social, plan de pensiones e incumplimiento de los acuerdos pactados", concretamente "80 euros para el año 2011, que han supuesto más de 700.000 euros de ahorro para la Administración".

"Los funcionarios de Justicia en Cantabria estamos siendo sobradamente castigados por la crisis, tanto en el aspecto económico como en las condiciones de trabajo que empeoran a marchas forzadas, lo cual debe ser valorado en su justa medida para que los actuales responsables eviten tentaciones de avanzar por la senda de los recortes", concluye el sindicato.