Rechazan que el menor condenado por la muerte de Arriate empiece a cumplir en régimen cerrado

El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha denegado que el menor condenado por la muerte de María Esther, de 13 años, en la localidad malagueña de Arriate, comience a cumplir la pena en régimen cerrado, según han informado a Europa Press fuentes del caso, quienes han indicado que por el momento se mantiene la medida de convivencia en grupo educativo, es decir, en un piso tutelado.

El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha denegado que el menor condenado por la muerte de María Esther, de 13 años, en la localidad malagueña de Arriate, comience a cumplir la pena en régimen cerrado, según han informado a Europa Press fuentes del caso, quienes han indicado que por el momento se mantiene la medida de convivencia en grupo educativo, es decir, en un piso tutelado.

La Fiscalía de Menores y la acusación particular, personada en representación de la familia de la víctima, solicitaron que el joven, que fue condenado a ocho años de internamiento por un delito de asesinato, comenzara a cumplir la mitad de esta pena en un centro en régimen cerrado, analógicamente a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), de aplicación supletoria con carácter general, según han expresado las fuentes.

Ante esta petición, el letrado defensor, Andrés Gálvez, se opuso, al argumentar que no se podía proceder así "al no estar expresamente contemplada dicha posibilidad en la Ley del Menor". El juzgado ha estimado que "no cabe aplicar dicha legislación por cuanto no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas", según las fuentes, quienes han apuntado que se mantiene la medida de piso tutelado hasta que la sentencia sea firme, ya que ha sido recurrida por la defensa.

El joven, que según distintas fuentes ya es mayor de edad, fue condenado por el asesinato de la muerte de María Esther, ocurrida en enero de este año, a ocho años de internamiento cerrado y cinco de libertad vigilada, incidiendo en el sometimiento a programas de tipo formativo-profesional y trabajo a nivel de autoestima, empatía y autocontrol. Además, se fijó una indemnización para la familia de 220.000 euros.

El juicio, que se celebró a puerta cerrada, comenzó el día 2 de noviembre y tras cinco sesiones quedó visto para sentencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron la acusación por asesinato y la petición de la pena máxima que permite la ley, a lo que fue condenado. El menor se declaró inocente y su defensa recurrió la sentencia.

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