Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a la constitución de falsas empresas de limpieza de edificios, sin actividad real, para efectuar altas de supuestos trabajadores que posteriormente cobraban diversas prestaciones y subsidios por desempleo. Se han detenido a 41 personas, una de ellas en Málaga, según una nota informativa de la Jefatura Superior de Policía.

Entre los detenidos se encuentra el principal cabecilla de la red. Además han sido también detenidas 21 personas en Huesca, en Navarra (2), La Rioja (3), Lleida (9), Teruel (2), Valencia (2), Málaga (1) y Tarragona (1). La mayoría de los presuntos trabajadores eran mujeres, para evitar levantar sospechas, que abonaban al responsable de la organización 400 euros por su alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, le ingresaban otras mensualidades de 250 a 300 euros que correspondían a las cuotas que debían pagar durante el tiempo que supuestamente permanecían en las empresas. En total, con estas prácticas fraudulentas, habrían causado un perjuicio económico a las arcas públicas superior a los 261.000 euros. Se han bloqueado 26 cuentas bancarias para garantizar el abono de las cantidades debidas.

Empresas fantasmas de limpieza

La investigación comenzó el pasado mes de octubre cuando se detectó que un grupo delictivo, integrado por personas de diferentes nacionalidades, estaba constituyendo empresas fantasma, sin ninguna actividad real, para la limpieza de edificios. La mayoría de sus trabajadores eran mujeres de nacionalidad marroquí que obtenían distintos beneficios económicos como prestaciones contributivas y subsidios de desempleo, además en ocasiones, estas altas les facilitaban las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo.

La organización había creado cinco sociedades civiles, que no requieren un gran desembolso inicial para su constitución, y otra actividad como empresario autónomo. Las cantidades que eran cobradas mensualmente a los falsos trabajadores no fueron nunca ingresadas en la Seguridad Social, lo que generó una deuda por impago de cuotas de casi 147.000 euros, además, la Administración habría abonado en concepto de prestaciones algo más de 114.000 euros indebidos.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las UCRIF de las Jefaturas Superiores de Aragón, Navarra, Valencia y La Rioja, las comisarías provinciales de Huesca, Lleida, Teruel, Alicante, Cádiz, Tarragona y Almería. A los arrestados se les imputan delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa.