Agricultores, propietarios y vecinos de los municipios de Píñar, Guadahortuna, Campotéjar, Huelma o Iznalloz, entre otros, han presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra los responsables de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía por posible mala utilización de los fondos públicos destinados a las obras de la A-323, que se mantienen paralizadas desde 2008.

Así lo ha señalado a Europa Press el abogado y propietario de una de las fincas afectadas Juan Carlos Artero, que ha redactado la denuncia presentada, avalada por 700 firmas de perjudicados por estas obras, que incluyen, según ha dicho, la ocupación de terrenos colindantes, sin el consentimiento de los afectados, sin fijar justiprecio y sin procedimiento de expropiación, o la destrucción de muchos de los cultivos cercanos, como olivos, almendros o encinas.

En la denuncia, que también firma el propietario del complejo cinegético Las Encebras, Juan Carlos Atero, los afectados piden a la Fiscalía que investigue sobre estas posibles irregularidades solicitando además que se recaben los datos que acrediten la posible ilegalidad de la ocupación de los terrenos, y un informe jurídico que aclare adónde han ido los 15,7 millones de euros que la Junta iba a emplear en el acondicionamiento de la vía, puesto que, según sostienen los denunciantes, se ha podido incurrir en un delito de "malversación de fondos públicos".

Según los afectados, que los trabajos permanezcan inacabados ha provocado la "incomunicación" de muchos de los terrenos anexos, y es un "nido de cazadores furtivos", que aprovechan que la carretera está intransitada para disparar desde sus propios vehículos a conejos o perdices.

El asunto ha llevado además a los afectados a plantear otras medidas de protesta, como la ocupación de la Delegación de Obras Públicas en Granada, que estaba prevista para este jueves 15 de diciembre pero que se ha pospuesto 'sine die', según ha informado Asaja en un comunicado.

La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, se pronunció hace unas semanas en Huelva sobre la denuncia de los agricultores, y aseguró que no existía "ningún problema de desviación de recursos". "Si una carretera no se ha finalizado no significa que se haya producido una desviación de recursos, sino que la empresa constructora tuviera alguna dificultad o que los recursos inicialmente previstos hoy día no disponemos de ellos", defendió el pasado 12 de diciembre.