La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha informado este martes de que Andalucía ha triplicado en esta legislatura el número de prestaciones a personas en situación de dependencia, desde las 89.000 de 2008 a las 259.000 actuales, de las que se benefician 191.300 personas.

Micaela Navarro, que este martes ha presentado ante el Consejo de Gobierno el informe sobre políticas sociales, ha informado en la rueda de prensa posterior de que más de 191.000 personas reciben alguna prestación por dependencia (67.900 de ellas dos o más a la vez), principalmente acceso a residencias y centros de día, servicios domiciliarios, teleasistencia y ayudas económicas.

Con estos datos, Andalucía aglutina en torno al 30 por ciento de las personas atendidas en toda España y supera en 70.000 el número de las beneficiarias de las comunidades de Madrid y Valenciana juntas (120.000), pese a que éstas superan en tres millones de habitantes la población andaluza, según la consejera, quien ha querido dejar claro el "compromiso" del Gobierno con el desarrollo de la Ley de Dependencia desde el primer minuto y ha apuntado que sigue creciendo el número de personas atendidas.

Asimismo, ha detallado que el Sistema de Atención a la Dependencia, consolidado a lo largo de esta legislatura, ha permitido en Andalucía la creación de más de 50.000 empleos. De ellos, 17.000 corresponden al servicio de ayuda a domicilio y 22.000 a centros financiados por la Junta, donde también se han creado 22.500 plazas.

La administración autonómica ha destinado unos 4.000 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia, con una inversión media que actualmente se sitúa en unos tres millones de euros al día. Para el próximo año se consigna una partida inicial de algo más de 912 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4 por ciento.

En otro de los grandes ejes de las políticas sociales en Andalucía, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la principal iniciativa es el inicio en 2010 del I Plan Estratégico. En su primer año vigencia, según la consejera, el plan se desarrolló con una inversión de más de 700 millones de euros y propició, entre otras mejoras, la ampliación de horarios para la conciliación familiar en 89 nuevos colegios e institutos; la creación de 5.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas en situación de dependencia; la orientación profesional a 27.630 personas a través de las unidades de empleo para mujeres; el apoyo a la creación de 385 empresas y 3.972 empleos en el medio rural, y la adaptación de las consultas ginecológicas a las necesidades de las mujeres con discapacidad.

Asimismo, 1.037 profesionales y 105 empresas recibieron formación sobre la elaboración de planes de igualdad en los centros de trabajo y se implantaron unidades de igualdad en todas las consejerías de la Junta y universidades públicas andaluzas.

Lucha contra la violencia de género

El capítulo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Andalucía ha desarrollado la red de atención y prevención más extensa de España y actualmente la comunidad dispone de 1.800 recursos, entre centros de emergencia y acogida; servicios de asistencia jurídica y psicológica, y programas de apoyo para la emancipación.

Entre este conjunto de dispositivos figura el Punto de Coordinación telemática de las Órdenes de Protección, creado en 2010 y primer sistema de este tipo en España que permite notificar de manera inmediata esas órdenes entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia y protección de las víctimas de malos tratos.

Además de la atención a la dependencia, dentro de los programas 2008-2011 que desarrolla la Junta para el colectivo de mayores sobresalen las 52.800 plazas de Turismo Social para personas con escasos recursos económicos. Además, durante sus diez años de vigencia, la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco ha ahorrado a las personas mayores de la comunidad autónoma alrededor de 162 millones de euros en transportes; compras de productos ópticos y auditivos, y asistencia a actividades culturales y de ocio.

Lo más destacado de las políticas autonómicas dirigidas al colectivo de mayores se completa con la elaboración del primer Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo editado en España, con 130 puntos fundamentales para la mejorar de su calidad de vida. En la atención a las personas con discapacidad, Andalucía cuenta desde el pasado mes de noviembre con la primera ley que desarrolla en el ámbito autonómico el uso de la lengua de signos española.

La nueva norma, que incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos y humanos de apoyo dirigidos a las personas con discapacidad auditiva, prevé una inversión inicial de 406,4 millones de euros hasta el año 2014. Estas medidas beneficiarán a un colectivo que se cifra en 176.000 personas.

Respecto a las personas con más dificultades económicas, Igualdad y Bienestar Social dio cobertura el año pasado a 30.000 familias con el Programa de Solidaridad (el denominado salario social), 4.000 más que en 2009. Para el próximo año, el presupuesto de esta iniciativa alcanzará los 65,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 70 por ciento en la comparación con el inicio de la legislatura.

En pensiones no contributivas y asistenciales, el informe presentado por la consejera destaca los 113 millones de euros concedidos por la Junta durante esta legislatura a ayudas complementarias de carácter extraordinario, con una media de 120.000 personas beneficiadas cada año. En el mismo periodo, la cuantía de estas ayudas ha aumentado un 31 por ciento en el caso de las pensiones no contributivas y un 24 por ciento en el de las asistenciales.

En el ámbito de infancia y familia, destaca la aprobación en 2009 de la Ley de Mediación Familiar, que regula el procedimiento para la resolución voluntaria de conflictos antes de que lleguen a los juzgados y a través de la intervención de profesionales especializados e imparciales. Asimismo, Igualdad y Bienestar Social ha continuado ampliando su política de promoción de del acogimiento familiar de menores, que actualmente es la medida más extendida en Andalucía, con un 55,5 por ciento de los 6.056 menores integrados en el sistema de protección de la Junta.

Finalmente, la Junta puso en marcha este año su segundo Plan Integral de Juventud, denominado Plan Gyga, que prevé una inversión de 2.598 millones de euros hasta 2014 (un 38 por ciento más que el primero) en medidas para mejorar las posibilidades de formación y emancipación de la población andaluza comprendida entre los 15 y los 34 años de edad.