El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha anunciado este martes la creación de la Tarjeta Social, un instrumento que permitirá a la administración autonómica conocer las prestaciones que recibe una persona física o jurídica "con el objetivo de una distribución más justa y racional del presupuesto disponible" y evitar duplicidades en las ayudas públicas de diferentes administraciones, que, según ha indicado, podrían estar registrándose en un 30 por ciento de las mismas.

Tras mantener junto a su equipo una reunión con el president de la Generalitat, Alberto Fabra, en la propia conselleria, Cabré ha informado del encuentro mantenido con el jefe del Consell y ha destacado que "el Gobierno Valenciano garantiza la rentabilidad social de cada euro invertido en el área de bienestar social" y ha garantizado que mantendrá ante el nuevo gobierno del PP en la nación el discurso reivindicativo.

En este sentido, ha añadido que se ha tomado la decisión de eliminar todos los gastos que no generen un beneficio directo para el ciudadano, como premios, promociones y actividades diversas y ha anunciado el proyecto de creación de la Tarjeta Social.

Así, se contactará con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Diputaciones, el resto de las conselleries y el Gobierno Central para crear esta tarjeta, con el objetivo de que "el mayor número posible de personas físicas o jurídicas tengan acceso a prestaciones o subvenciones".

Según el conseller, "no es justo que haya beneficiarios de subvenciones de diferentes administraciones y que existan personas o entidades que no reciban nada de administración alguna" y ha añadido que "con la Tarjeta Social el Consell quiere dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea de establecer una gestión de las subvenciones ajustada a la legalidad pero sobre todo a la eficacia y al mayor número posible de beneficiarios".

Discurso reivindicativo

Cabré ha garantizado que se trasladarán al próximo ejecutivo nacional liderado por Mariano Rajoy las reivindicaciones relativas a una mejor financiación de la Ley de Dependencia por parte del Estado, a la sustitución de los juzgados pendientes de apertura por Jueces de Adscripción Territorial y a la concesión al Gobierno Valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia en la Comunitat. Según Cabré, las reivindicaciones no eran "partidistas" sino "justas" y se ha mostrado convencido de que ahora se van a "oir mejor".

Paralelamente, en lo que respecta al área de Bienestar Social, Jorge Cabré ha explicado que su departamento trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales que unificará en un solo texto la normativa dispersa de todas las prestaciones con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para que el ciudadano reciba un servicio más eficiente.

Nuevas infraestructuras

Durante la reunión también se ha abordado la puesta en marcha del Centro de Atención Especializada Gran Vía de Castellón, prevista para abril y que supondrá una aportación de la Generalitat superior a los cinco millones anuales, y la puesta en funcionamiento de la Residencia y Centro de Día para grandes dependientes de Petrer, un centro de referencia para la provincia de Alicante al que se van a destinar 400.000 euros.

Por lo que respecta a Justicia, ha subrayado la decisión del Consell en poner en marcha cinco nuevos juzgados (en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal nº4 de Orihuela con sede en Torrevieja) y ha destacado como prioridad finalizar las obras del nuevo Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha durante la presente legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante. También ha mencionado el Plan de Ahorro en la Administración de Justicia que ya se ha empezado a aplicar y que va a suponer un ahorro anual de más 4 millones de euros.

Cabré ha citado como medida necesaria la agrupación o unificación de determinados partidos judiciales y, una vez efectuada, la separación de jurisdicciones, que ya han trasladado al Consejo General del Poder Judicial, "y que nos consta que ha visto con buenos ojos y que incluso está estudiando su aplicación en otros territorios de España, es mejorar la calidad del servicio logrando una justicia más especializada y, por tanto, de mayor calidad", ha comentado el conseller.