Efectivos de la Guardia civil han detenido a 25 personas como presuntas integrantes de un grupo organizado, especializado en estafas por falsas revisiones de gas, por las que llegaban a cobrar hasta 5.000 euros, según ha informado en un comunicado la Comandancia de Alicante, que ha destacado que se han detectado unos 500 afectados, la mayoría de ellos en la comarca allicantina de la Marina Alta.

En el marco de la operación denominada 'Carxofa' —alcachofa—, dirigida por la Guardia Civil en Alicante, se ha logrado detener 25 personas a las que se les imputa la presunta comisión del delito continuado de estafa y asociación ilícita para delinquir. En las diferentes fases de la investigación se han detenido a 25 personas, entre los días 12 de septiembre y 13 de diciembre actual, en las localidades alicantinas de Jávea, Benissa, Alicante y Teulada-Moraira.

La operación dio comienzo a principios del mes de junio de 2011, cuando la Guardia Civil, a través de varias denuncias recibidas, pudo constatar la existencia de una organización, posiblemente afincada en Alicante, que cometía estafas haciéndose pasar por un servicio oficial de instalación de gas.

En total, los detenidos son 23 hombres y 2 mujeres, de edades comprendidas entre los 21 y los 55 años, y de todos de nacionalidad española, salvo dos personas, uno ecuatoriano y otro francés.

Hasta el momento se han recibido unas 35 denuncias por estafas en servicios de gas innecesarios; aunque por los más de 700.000 euros que ha facturado la empresa en el año en curso, se supone que la cifra de perjudicados pueda aproximarse a 500 personas, puesto que cobraban por cada servicio entre 400 y 5.000 euros.

Los miembros de esta organización se hacían pasar por instaladores de gas de un servicio oficial y autorizado, que valiéndose de esta condición engañaban y embaucaban a los moradores de las viviendas.

Actividad basada en estafas

La empresa estaba dada de alta legalmente, pero toda su actividad se basada en estafas, con personal escasamente cualificado y sin título homologado para la actividad que llevaba a cabo. La base estaba en Alicante capital, desde donde se trasladaban a los domicilios seleccionados a primera hora de la mañana y en cuadrillas de 5 operarios de escasa preparación profesional.

Sus víctimas eran domicilios ubicados en urbanizaciones aisladas del casco urbano, y los moradores principalmente personas de avanzada edad, con un alto porcentaje de extranjeros que desconocía el idioma y la normativa de nuestro país. Las poblaciones más afectadas son Pedreguer, Jávea, Denia y Gata de Gorgos, aunque pueden existir afectados en otras poblaciones.

Efectuaban revisiones de las instalaciones de gas, que posteriormente sobrevaloraban cobrando precios abusivos, amenazando incluso con cortarle el suministro si no accedían de manera inmediata a la prestación del servicio.

El medio de pago que preferían era mediante tarjeta de crédito que utilizando un terminal de pago, pero también aceptaban dinero en efectivo, llegando incluso a trasladar en su propio vehículo a la víctima hasta el cajero más próximo, o regresar al día siguiente para cobrar.