El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado que la sobrecapacidad de la flota comunitaria sigue siendo uno de los principales problemas de la política pesquera común (PCP), pese a que las arcas comunitarias han destinado millones de euros entre 2007 y 2013 al desmantelamiento de buques.

La auditoría publicada este lunes por el tribunal afirma que las medidas tomadas por la Unión Europea para poner freno al exceso de pesca "han fracasado" y reclama nuevas acciones tanto al Ejecutivo comunitario como a los Gobiernos nacionales.

Entre los principales fallos que detecta la auditoría figura la concesión de subsidios públicos al desguace bien para barcos con un impacto reducido en las poblaciones pesqueras que se pretendía proteger, bien para barcos inactivos.

Es el caso de dos de los diez programas examinados por el tribunal en España: un barco con actividad en Sudamérica recibió 1,6 millones de euros en ayudas, incluidos 983.000 euros de la UE, pese a haber sufrido un grave incendio un año antes, y una segunda embarcación recibió 780.794 euros, casi la mitad comunitarios, aunque ya no tenía actividad.

El informe publicado este lunes también se queja de la falta de transparencia y de la falta de definición en los criterios utilizados para asignar los apoyos. Sobre España, apunta que no se publicaron los programas para el ajuste del esfuerzo pesquero (PAEP) y se dio por buenos los programas nacionales de desguace pese a "no justificar formalmente" el vínculo entre las capacidades y los recursos pesqueros disponibles, ni la identificación del nivel de esfuerzo pesquero exigido.

En sus conclusiones, el tribunal critica que tanto la concepción como la ejecución de las medidas de la PCP son "insatisfactorias" y que los datos que manejan sobre la capacidad pesquera "no reflejan correctamente la capacidad de captura" de los barcos europeos. "Los límites aplicados ya no imponen restricciones reales a la capacidad pesquera", señala la auditoría.

Además acusa a los Estados miembros de no haber cumplido la obligación que les impone la política pesquera de adoptar medidas eficaces para hacer coincidir la capacidad pesquera con las posibilidades de pesca y lamenta que varios países fijen objetivos de reducción "insuficientes".