El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se sitúa en 39.081 personas en Castilla-La Mancha, según los últimos datos del Imserso recogidos por Europa Press.

En el caso de la Comunidad Autónoma, la prestación económica por cuidados familiares ascendió a un total de 27.059 personas, según estos mismo datos, que añaden, que a uno de diciembre se han realizado en la región un total de 85.196 dictámenes para valorar el grado de Dependencia de las personas que solicitan prestación.

En el resto de españa

A nivel nacional, los beneficiarios de los servicios de Dependencia se reducen por segundo mes consecutivo en noviembre hasta alcanzar los 741.713, más de 740 personas menos que el mes anterior.

A pesar de que la mayoría de las personas beneficiarias que han muerto son 'grandes dependientes', con la consiguiente rebaja del coste, pues requerían una mayor atención, no se han incorporado al sistema nuevas personas que ya tenían reconocido el derecho a una prestación, ni se han producido revisiones del grado de dependencia.

En 2011, el promedio mensual de incremento de atenciones este año ha sido de 6.649, tres veces menos que en años anteriores, algo que a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales resulta "preocupante", pues señala que desde mayo de este año ha sido decreciente y en el último mes negativa. En este sentido, deduce que el ritmo de mortalidad de dependientes es mayor que el de incorporación de nuevas atenciones.

Además, indica que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha paralizado el desarrollo de la ley. En el País Vasco, Andalucía, Madrid y Castilla y León, el ritmo de crecimiento en 2011 ha sido moderado, mientras que en otras, como Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha, ni siquiera se está manteniendo la tasa de reposición.

A juicio de la asociación, los cinco años de aplicación de la ley constatan varios aspectos "preocupantes". Por un lado, destaca la "cronificación" del 'limbo de la dependencia', pues un tercio de los dependientes sigue a la espera de recibir una prestación a la que tiene derecho por ley; por otro, las dificultades derivadas del modelo de financiación o el "sobredimensionamiento" de las prestaciones económicas para cuidados no profesionales frente a los servicios.

Las comunidades autónomas que destacan por tener más personas en el llamado 'limbo de la dependencia' son Canarias, con un 58 por ciento, Galicia (45 por ciento) y la Comunidad Valenciana (42%). En el lado opuesto se sitúa Castilla y León, donde hay un 7 por ciento de dependientes a la espera de recibir las prestaciones a las que tienen derecho.

Por otro lado, las prestaciones económicas para cuidados no formales en el entorno familiar alcanza casi la mitad del total de prestaciones concedidas, es decir, un 45 por ciento, que se traduce en más de 400.000 atenciones. Esta situación tiene como consecuencia el freno de la actividad empresarial del sector de los cuidados a personas y un impacto negativo en las mujeres, pues en la mayoría de los casos son ellas las que se ocupan de cuidar a los dependientes, según indica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Sistema de financiación "trampa"

Asimismo, señala que el modelo de financiación de la Ley de Dependencia tiene "trampa" en dos direcciones: el Nivel Mínimo Garantizado, que establece cuantías "muy escasas", no cubre el coste de las prestaciones (como el de una aplaza residencial), ni la financiación estatal cubre el 50 por ciento de aportación de las administraciones públicas.

Por otra parte, apunta que según se avanza en cobertura el déficit de financiación aumenta con el consiguiente perjuicio para las administraciones autonómicas, que son las que deben atender a los ciudadanos.

Con todo, esta entidad indica que para evitar que se paralice el desarrollo de la Ley de Dependencia, hay que "eliminar" el 'limbo de la dependencia' y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la norma; modificar el modelo de financiación, de tal forma que se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones que se proporcionen e incentivar los recursos profesionales de la ley.