Los contribuyentes andaluces que contraigan gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato y reclamación de cantidades podrán aplicar una deducción por el importe de dichos gastos con el límite de 200 euros, según ha indicado el sindicato UGT aludiendo a una enmienda presentada este lunes en el Parlamento autonómico por el Grupo Parlamentario Socialista, y que asume el Gobierno de la Junta de Andalucía ante la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administración Pública.

Según indica UGT en una nota, la enmienda parte de una propuesta de UGT-A que supone "beneficios fiscales para los trabajadores que tengan que recurrir a un abogado en caso de conflicto laboral con su empresa que desemboque en despido, extinción de contrato o reclamaciones de cantidad".

Dicha enmienda se incluye en el apartado tres del artículo primero del proyecto de ley por el que "se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía".

UGT-A se congratula de la "buena acogida", por parte del Grupo Socialista, de esta propuesta que el Parlamento autonómico votará favorablemente unos días antes de la Ley de Presupuestos.

Considera que esta iniciativa "beneficiará a todas aquellas personas que trabajan en Andalucía y que se vean obligados a resolver en los juzgados los contenciosos laborales que puedan mantener con su empresa".