Así lo ha dictaminado el Tribunal de Cuentas en la liquidación definitiva de estas sociedades.Estas empresas ya han sido disueltas, pero los responsables de ellas –José Ignacio Crespo y Antolín González, ex giles y ahora en el Partido de Estepona (PES)– pueden sufrir el embargo de sus sueldos de concejal para responder a esta falta de justificación en el caso de que no paguen una fianza de tres millones de euros. Actualmente, ambos son socios de Gobierno del PSOE.
El otro administrador de las empresas, el ex edil del GIL Víctor Sánchez, ya ha presentado un aval, pero podría verse afectado si sus compañeros no abonaran el dinero que se les reclama.
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