El 60,7 por ciento de los andaluces tiene una percepción "más bien negativa" de los efectos de la inmigración en la comunidad autónoma, lo que supone un incremento del 1,6 por ciento durante el último año, cuando compartían esa opinión un 59,3 por ciento.

Así lo refleja el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía 2011 presentado esta semana en Sevilla por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y elaborado a partir de 3.682 encuestas a andaluces realizadas entre el 26 de septiembre y el 21 de octubre.

Estas cifras reflejan un incremento por segundo año consecutivo en el porcentaje de andaluces con una visión negativa de la inmigración tras el punto de inflexión registrado en 2009, único de los seis años contabilizados en el que cayó ligeramente hasta situarse en el 48,7 por ciento, según los datos consultados por Europa Press.

Las reticencias mayoritarias entre los andaluces hacia la inmigración se reflejan en parámetros como que el 53,4 por ciento de los consultados comparte que "los sueldos bajan por la llegada de personas que vienen a vivir y trabajar en España", argumento que con el que solo se muestran en desacuerdo el 40 por ciento. EL 54,8%

Cree que la inmigración cubre trabajos sin mano de obra suficiente

Por el contrario, un 54,8 por ciento considera que "las personas que vienen a vivir y trabajar a España cubren puestos de trabajo para los que no hay mano de obra suficiente", aunque este porcentaje retrocede en seis puntos respecto al 60,8 por ciento que manifestaba esta misma opinión hace un año.

Sí son opiniones mayoritarias que "las personas que vienen a vivir y trabajar a España deben tener acceso gratuito a la escuela y a la sanidad como el resto de los españoles", que comparte un 78,6 por ciento, un 2,3 por ciento menos que en 2010; y que "si un español y un inmigrante legal solicitan el mismo puesto de trabajo se debe seleccionar al más cualificado sin tener en cuenta su lugar el origen", que apoya un 69,6 por ciento, un 0,4 por ciento menos que hace un año.

Por último, el 68,1 por ciento de los consultados se muestra de acuerdo con que "las personas que vienen a vivir y trabajar a España deben tener derecho a traer a su familiar a vivir con ellos", porcentaje que se ha reducido en un 1,8 por ciento durante los últimos doce meses.