Los gobiernos de Ceuta y Melilla se han comprometido a elaborar "antes del 31 de marzo" un proyecto de iniciativa legislativa para reformar "a fondo" la estructura de su Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), el tributo que sustituye en las dos ciudades autónomas al IVA con tipos más reducidos (entre el 0,5% y el 10%), con el fin de "acercar su modelo de gestión al del IGIC canario y al del IVA, que incorporan menos dificultades de gestión para los empresarios", y de permitir a los visitantes no pagar ni uno ni otro en sus compras hasta un límite determinado que se espera poder situar "por encima de los 600 euros".

El establecimiento de un plazo límite para la redacción de una propuesta que elevar al futuro Gobierno de Rajoy ha sido "la principal novedad" del encuentro que este jueves mantuvieron en Madrid los presidentes ceutí y melillense, Juan Vivas y Juan José Imbroda, ambos del PP, dentro del catálogo de "casi 40 medidas concretas" que desean trasladar en enero al Gobierno que presidirá Mariano Rajoy "para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo en las dos ciudades como objetivo prioritario".

"El IPSI", según ha recordado este viernes en declaraciones a los medios el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, "es una pieza fundamental para la suficiencia financiera de Ceuta y Melilla que debe ser un instrumento de política económica que no perjudique a la competitividad de las empresas locales".

A tal efecto, con el objetivo de "dinamizar" la actividad comercial en la ciudad, uno de sus principales pulmones económicos a lo largo de la Historia, el Gobierno local pretende, de acuerdo con el de Melilla, que los no residentes puedan recibir al abandonar su territorio la devolución del IPSI que hayan abonado por sus compras "hasta 600 euros o más, si es posible", durante su visita a ambas ciudades, "diferencial que haría más atractivas a ambas localidades".

La Administración General del Estado sería, de prosperar la propuesta, la que tendría que asumir la cantidad no devengada para compensar las pérdidas que sufrirían en su recaudación las entidades locales.

Además, la reforma planteada persigue "acercar" la gestión del IPSI "al IGIC vigente en Canarias con tipos reducidos, lo que permitiría, entre otras positivas consecuencias, eliminar el gravamen sobre la mercancía almacenada, de forma que sólo tributarían las ventas efectivamente realizadas, y evitar el 'efecto cascada' que en determinadas actividades se produce".