Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
Vista general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Aunque el complejo tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros, el Gobierno de Francisco Camps terminó desembolsando 1281 millones de euros, lo que supone un gasto extra de casi 1.000 millones. Toni Albir / EFE

La policía ha tomado declaración como imputados, en presencia del fiscal Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CAC) Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin. Este viernes por la mañana, de hecho, varios agentes se han personado en las dependencias de la CAC para solicitar y comprobar información.

Según fuentes de la investigación, los agentes y el fiscal Pedro Horrach han tomado declaración, entre el jueves y el viernes, a varias personas como imputadas y testigos, entre ellos el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Nóos.

"Lógicamente, en nuestra posición de colaborar con la Justicia, ha ido a declarar", ha apuntado Barberá, quien ha insistido que el acuerdo con el Instituto Nóos "es totalmente ajustado a la ley" y fue "aprobado por los órganos dirigentes de la Fundación Valencia Convention Bureau". "Se pagó lo convenido en el convenio y ya está", ha añadido la alcaldesa, quien ha asegurado desconocer si Grau había sido llamado a declarar en condición de testigo.

Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos los documentos relativos a la relación entre el Instituto y esta entidad; han realizado preguntas a personal técnico pero no se han llevado ninguna documentación ni han practicado registros.

"Entramado societario"

La Policía judicial se personó el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del caso Palma Arena, información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.

El fiscal y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" tejido por Urdangarín y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.

Así define la Fiscalía Anticorrupción en un auto del juez Castro las supuestas irregularidades que se investigan en esta pieza, y abunda en que "la única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro".  El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", cuando sostiene que en realidad sirvió para fines lucrativos.

Varios contratos

Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Nóos percibió unos 1,4 millones de euros de Valencia Turismo Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento, y de CACSA, dependiente de la Generalitat Valenciana, por organizar, entre 2004 y 2006, las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos.

La información facilitada a la Policía incluye también otro contrato suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto, con una duración de dos años, que tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un 6% del total establecido en el convenio.

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