El fraude fiscal en Canarias está cinco puntos por encima de la media española, que se sitúa en el 23 por ciento del PIB nacional. Además, la economía sumergida mueve al año en las Islas más de 11.650 millones de euros, lo que supone "una gran competencia desleal" para todas aquellas pymes que cumplen con las reglas del juego establecidas", ha señalado este jueves el director general de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta Antequera.

Asimismo, llamó la atención de la Agencia Tributaria para que su labor inspectora se centre en quien actúa de manera clandestina sin cumplir con sus obligaciones fiscales y no tanto en aquellos empresarios que siguen las reglas establecidas por Hacienda.

Dorta hizo estas declaraciones en el marco de la jornada "Aspectos Claves de las Inspecciones Fiscales de la Agencia Tributaria", que contó con la participación del socio director de Garrigues en Canarias, Antonio Viñuela LLanos, así como de sus asesores fiscales, Domingo Dominguez Trujillo y César Acosta Criado.

Tal y como explicó Antonio Viñuelas, una de las medidas que contempla el 'Plan de Control Tributario de 2011', diseñado por el Gobierno central para intensificar la lucha contra el fraude y la economía sumergida, es la puesta en marcha de una campaña de inspecciones fiscales que, en estos momentos, se está llevando a cabo.

De hecho, el despacho de Garrigues ha detectado un aumento importante de la presión inspectora de Hacienda sobre las empresas y autónomos canarios que responde a la necesidad de la administración pública por recaudar más fondos. Esto lleva a que sea más fácil negociar actas de conformidad con los funcionarios a cambio de agilizar el pago, dijo Viñuelas.

En la jornada, organizada por Garrigues y la Cámara, se dieron cita más de 120 empresarios que tuvieron la oportunidad de conocer detalladamente cómo funciona el procedimiento de inspección tributaria y qué derechos y obligaciones han de cumplir tanto los inspectores como los contribuyentes.

Reglas del juego limpio

Durante su intervención, el director general de la Cámara comentó que se debe actuar con una mayor contundencia contra la competencia desleal, el fraude fiscal y la economía sumergida porque hace muchísimo daño a todos aquellos empresarios que tienen claro cuáles son las reglas del juego limpio y actúan conforme a ellas, "pagando religiosamente sus impuestos".

Según los últimos datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las contrataciones clandestinas y el pago en negro provoca unas pérdidas de unos 140.000 euros diarios a la Seguridad Social en Canarias. De hecho, el Archipiélago es la segunda región española con un mayor índice de economía sumergida. El fraude, tanto fiscal como laboral, supone alrededor de 12.000 millones de euros, es decir un 28,7 por ciento del PIB de las islas.

A juicio de Vicente Dorta es "muchísimo el dinero el que se mueve en el mercado negro y lo lamentable es que las inspecciones de Hacienda parece que siempre les toca a los empresarios que actúan dentro de la legalidad, mientras los que actúan bajo el paraguas de la economía sumergida, parece que siguen operando sin ataduras impositivas de ningún tipo".

De todas formas, el director general de la Cámara dijo que las empresas tienen que estar muy preparadas y bien asesoradas para que las inspecciones de Hacienda no supongan un varapalo más para la supervivencia del negocio en una coyuntura de grave crisis económica.

DOCUMENTACIÓN

En este sentido, Antonio Viñuelas aconsejó a los contribuyentes que se informen y asesoren sobre cuáles son los aspectos formales del procedimiento de inspección, los tiempos que se manejan, qué tipo de documentación y pruebas se exigen, así como de los derechos y deberes que asisten a las empresas.

Asimismo, alertó acerca de los procedimientos innovadores que Hacienda aplica para detectar irregularidades que van más allá del habitual cruce de datos, y entre otros destacó el uso de las tarjetas de crédito o los consumos eléctricos de cada establecimiento.

Por otra parte, los asesores fiscales de Garrigues apuntaron que la Agencia Tributaria ha dejado de poner el ojo en las empresas constructoras y se centra ahora en las sociedades profesionales, algo que justifican por la falta de liquidez que tienen en estos momentos el sector del ladrillo.

Según comentaron los abogados de Garrigues, los contribuyentes deben saber que, con carácter general, los funcionarios de la inspección tributaria no están autorizados para entrar en las instalaciones privadas de una empresa. A este respecto, hay que tener presente que el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucionalmente protegido que ni siquiera la inspección de Hacienda puede vulnerar. Por el contrario, sí pueden entrar en aquellas zonas abiertas al público en general.

La entrada sólo es posible si cuentan con una autorización extendida por un juez. Si los funcionarios de la inspección de Hacienda no tienen esa autorización sólo pueden entrar en el local si se lo autorizan expresamente.

El socio director de Garrigues comentó también que "una inspección fiscal no es ni un procedimiento inquisitorio, ni un proceso judicial penal sino un procedimiento administrativo con un régimen sancionador".